Benedicto XVI viaja a Santiago de Compostela y Barcelona cuatro meses después de la entrada en vigor de la ley de ampliación del aborto, que el Vaticano tachó de "insensata".
La nueva ley habría permitido a Gemma Botifoll, de 30 años, interrumpir su embarazo en España, pero en 2008, cuando detectaron que el feto que gestaba tenía malformaciones graves a los ocho meses y medio de embarazo, tuvo que hacerlo en Rennes (Francia).
"En España me sentí muy mal, no respaldada por nadie", relata a la AFP Gemma, quien "buscando en Google" encontró la solución en Francia.
Por ley no podía abortar en España, donde a partir de julio se puede abortar sin límite de tiempo si se detecta una enfermedad grave e incurable en el feto, libremente hasta la semana 14 y en casos excepcionales hasta la 22.
La ley del aborto es la última de una serie de medidas sociales aprobadas en los últimos seis años en el parlamento promovidas por el gobierno.
El ejecutivo socialista las considera uno de los principales ejes de su política --al menos antes de la crisis-- y con ellas se ha alzado como uno de los países más avanzados de Europa en la materia, sobre todo tras la ley de matrimonio entre homosexuales.
"España en los últimos años se ha convertido en un referente de igualdad, no sólo en Europa, sino en el mundo entero", asegura a la AFP Pedro Zerolo, secretario de Movimientos Sociales y Relaciones con las ONG del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) de Zapatero.
Tras Holanda y Bélgica, España se convirtió en 2005 en el tercer país europeo en aprobar las bodas homosexuales y desde entonces siete países más se han sumado, entre ellos Argentina, Portugal y México DF.
Zapatero ha hecho "una apuesta por un concepto integrador de ciudadanía", asegura Zerolo, quien se casó con su compañero al poco de adoptarse la ley.
"Ahora marcamos tendencia en igualdad"; "al salir de España se pone de manifiesto el esfuerzo que se ha hecho", según Zerolo, que recuerda que en los últimos cinco años se han celebrado unas 20.000 bodas gays.
La ley del matrimonio homosexual y la del aborto levantaron el rechazo del Vaticano y, en España, de los sectores más conservadores encabezados por la iglesia católica --que en los últimos meses han protagonizado varias manifestaciones masivas en Madrid-- y el Partido Popular (PP).
El PP ha recurrido ambas leyes ante el Tribunal Constitucional y su líder, Mariano Rajoy, ha insistido recientemente en que las reformaría si volviera al poder.
Todo ello en un Estado aconfesional según la Constitución pero también de fuerte tradición católica, aunque en retirada desde hace años: el 73% de la población se declara católica, frente al 80% hace ocho años, y sólo el 14% dice ir a misa los domingos.
Pero a pesar del rechazo de los sectores más conservadores de la población y de las tensiones entre los obispos españoles y el ejecutivo socialista, éste ha tratado siempre de cultivar las mejores relaciones con el Vaticano.
Y recientemente anunció que posponía un proyecto de ley que se anuncia espinoso en las relaciones con la jerarquía católica: la ley de libertad religiosa.
Este preveía entre otras cosas retirar los crucifijos de lugares públicos, no oficiar funerales institucionales católicos y que el jefe de gobierno no jure su cargo frente a un crucifijo.
El aplazamiento se debe a "motivos estratégicos y razones electorales", explica a la AFP el teólogo Juan José Tamayo, que estima que el gobierno ha aparcado la ley porque "considera que no le agradaría al Papa", por lo que "se deja llevar por la agenda del Vaticano".
Tamayo, que considera que el gobierno de Zapatero ha dado "beneficios" a la Iglesia española en estos años, cree que el ejecutivo ha "llegado a la conclusión de que tiene muchos frentes abiertos", como el aumento de la oposición en las encuestas y el rechazo de los sindicatos a las medidas anticrisis, "y no quiere añadir más leña al fuego".