El Parlamento catalán reivindica que Puigdemont pueda ser presidente
DPA (Deutsche Press Agency-Agencia de Prensa Alemana)
Barcelona. - Los partidos independentistas aprobaron hoy una resolución simbólica en el Parlamento catalán para reivindicar el derecho de Carles Puigdemont a ser investido presidente de la región, pese a que se encuentra en prisión preventiva en Alemania esperando que se decida su entrega a España.
La votación, que no altera la imposibilidad legal de investir a Puigdemont mientras siga preso o fuera de España, fue impulsada por los tres partidos soberanistas que tienen mayoría absoluta en la Cámara después de que el ex presidente fuera detenido el domingo en Alemania por una orden europea de detención activada por España.
La Justicia alemana analiza ahora si lo entregará a España, una decisión que ya no se tomará esta semana, explicó hoy la Fiscalía. El análisis de la documentación y de los motivos presentados por España puede demorarse de diez a 60 días hasta que se produzca la entrega.
El político de 55 años lleva cinco meses fuera de España, donde está procesado por un delito de rebelión vinculado al plan con el que intentó proclamar una república independiente, causando así una crisis institucional sin precedentes todavía abierta.
Con las resoluciones aprobadas hoy, los independentistas quisieron dejar claro que "no renuncian" a investirlo, si bien ese paso es virtualmente imposible desde un punto de vista legal porque el candidato a presidir el Gobierno regional debe asistir al pleno del Parlamento que debate y vota su investidura.
Las resoluciones piden también el respeto de los derechos políticos de otros dos candidatos independentistas fallidos a presidir el "Govern" catalán, los también procesados y detenidos Jordi Sànchez y Jordi Turull, y reivindican la posibilidad de investirlos.
También exigen la liberación inmediata de todos los políticos procesados por el plan independentista que se encuentran en prisión preventiva en Madrid: nueve en total, incluidos Sànchez, Turull y el ex vicejefe del Gobierno de Puigdemont, Oriol Junqueras.
Durante el tenso debate, los independentistas describieron una Cataluña sometida y con sus derechos políticos y civiles suspendidos. "La violación de nuestros derechos es sistemática. Está en riesgo nuestra integridad psíquica y física", sostuvo la diputada Anna Caula, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
El portavoz del partido antisistema Candidatura de Unidad Popular (CUP), Carles Riera, acusó a España directamente de "terrorismo de Estado" y abogó por convocar de inmediato un pleno para "investir a Puigdemont, hacer república y volver al camino de la dignidad nacional", asumiendo las responsabilidades legales de ese paso.
El contrapunto volvió a quedar en manos de la antiindependentista Inés Arrimadas, que ganó las elecciones del 21 de diciembre con su partido Ciudadanos pero no suma mayoría con otros partidos como para formar Gobierno.
"Su opinión de que España es un país dictatorial y sin derechos no la comparte ninguna institución internacional", espetó a la bancada soberanista. "Salgan de la burbuja del 'procés', donde nadie piensa que España es un país totalitario".
Fuera de España son siete los procesados por el plan independentista. El Tribunal Supremo español activó órdenes europeas de detención contra seis de ellos, incluido Puigdemont y la ex consejera (ministra regional) Clara Ponsatí, que hoy se entregó a la Policía en Escocia.
La política de 61 años, procesada por rebelión y malversación como Puigdemont, quedó en libertad bajo fianza tras declarar ante el juez, que le retiró el pasaporte hasta que se decida su entrega a España.
En Barcelona, entre tanto, la Policía detuvo a dos agentes de los Mossos d'Esquadra (la policía catalana) que viajaban con Puigdemont en el momento de su detención. Ambos fueron denunciados el martes por un posible delito de encubrimiento al ayudar a Puigdemont en su viaje cuando existía ya una orden europea de detención contra él.
Cataluña lleva más de tres meses sin formar Gobierno desde las elecciones. El único pleno de investidura que llegó a celebrarse fracasó la semana pasada por la ruptura interna del soberanismo: la CUP no apoyó a Turull, candidato de JxCat y ERC que tampoco pudo sumar los votos de Puigdemont y otro diputado desplazado a Bruselas.
La Justicia alemana analiza ahora si lo entregará a España, una decisión que ya no se tomará esta semana, explicó hoy la Fiscalía. El análisis de la documentación y de los motivos presentados por España puede demorarse de diez a 60 días hasta que se produzca la entrega.
El político de 55 años lleva cinco meses fuera de España, donde está procesado por un delito de rebelión vinculado al plan con el que intentó proclamar una república independiente, causando así una crisis institucional sin precedentes todavía abierta.
Con las resoluciones aprobadas hoy, los independentistas quisieron dejar claro que "no renuncian" a investirlo, si bien ese paso es virtualmente imposible desde un punto de vista legal porque el candidato a presidir el Gobierno regional debe asistir al pleno del Parlamento que debate y vota su investidura.
Las resoluciones piden también el respeto de los derechos políticos de otros dos candidatos independentistas fallidos a presidir el "Govern" catalán, los también procesados y detenidos Jordi Sànchez y Jordi Turull, y reivindican la posibilidad de investirlos.
También exigen la liberación inmediata de todos los políticos procesados por el plan independentista que se encuentran en prisión preventiva en Madrid: nueve en total, incluidos Sànchez, Turull y el ex vicejefe del Gobierno de Puigdemont, Oriol Junqueras.
Durante el tenso debate, los independentistas describieron una Cataluña sometida y con sus derechos políticos y civiles suspendidos. "La violación de nuestros derechos es sistemática. Está en riesgo nuestra integridad psíquica y física", sostuvo la diputada Anna Caula, de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC).
El portavoz del partido antisistema Candidatura de Unidad Popular (CUP), Carles Riera, acusó a España directamente de "terrorismo de Estado" y abogó por convocar de inmediato un pleno para "investir a Puigdemont, hacer república y volver al camino de la dignidad nacional", asumiendo las responsabilidades legales de ese paso.
El contrapunto volvió a quedar en manos de la antiindependentista Inés Arrimadas, que ganó las elecciones del 21 de diciembre con su partido Ciudadanos pero no suma mayoría con otros partidos como para formar Gobierno.
"Su opinión de que España es un país dictatorial y sin derechos no la comparte ninguna institución internacional", espetó a la bancada soberanista. "Salgan de la burbuja del 'procés', donde nadie piensa que España es un país totalitario".
Fuera de España son siete los procesados por el plan independentista. El Tribunal Supremo español activó órdenes europeas de detención contra seis de ellos, incluido Puigdemont y la ex consejera (ministra regional) Clara Ponsatí, que hoy se entregó a la Policía en Escocia.
La política de 61 años, procesada por rebelión y malversación como Puigdemont, quedó en libertad bajo fianza tras declarar ante el juez, que le retiró el pasaporte hasta que se decida su entrega a España.
En Barcelona, entre tanto, la Policía detuvo a dos agentes de los Mossos d'Esquadra (la policía catalana) que viajaban con Puigdemont en el momento de su detención. Ambos fueron denunciados el martes por un posible delito de encubrimiento al ayudar a Puigdemont en su viaje cuando existía ya una orden europea de detención contra él.
Cataluña lleva más de tres meses sin formar Gobierno desde las elecciones. El único pleno de investidura que llegó a celebrarse fracasó la semana pasada por la ruptura interna del soberanismo: la CUP no apoyó a Turull, candidato de JxCat y ERC que tampoco pudo sumar los votos de Puigdemont y otro diputado desplazado a Bruselas.