Tras la aprobación en la Cámara de Diputados del fin al lucro, la selección de estudiantes y el financiamiento compartido entre padres y el Estado en colegios -los primeros proyectos de ley de la reforma-, nadie parece haber quedado conforme.

"La reforma educacional ha tenido bastantes retrocesos en el Parlamento. Pareciera ser que finalmente no se quiere erradicar el mercado de la educación, sino que más bien regular algunos aspectos", dice a la AFP Melissa Sepúlveda, presidenta de la poderosa Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

"Se está terminando con la educación de nuestros hijos y afectando directamente a la clase media y vulnerable de este país", señaló de su lado Erika Muñoz, presidenta de la Confederación de Padres y Apoderados de Colegios Subvencionados, que consideran demasiados los cambios. 

El rechazo en el Parlamento a la encarcelación de dueños de colegios subvencionados que obtengan ganancias de capital irritó a estudiantes, que piden un cambio radical al modelo heredado de la dictadura de Augusto Pinochet.

La Iglesia, la derecha opositora, asociaciones de padres y la oficialista Democracia Cristiana (DC) criticaron de su lado la prohibición aprobada para que estos colegios paguen arriendos por su infraestructura, una salida con la que se buscaba que escuelas –principalmente religiosas- pudieran seguir funcionando.

Por medio del arriendo, hoy muchos dueños de colegios retiran cuantiosas utilidades. Tal como se aprobó, si quieren seguir funcionando los colegios subvencionados, a los que asiste más de 50% de la matrícula- deberán ser dueños de los inmuebles o cerrar.

- Tensión en el oficialismo -

Con cientos de marchas, los estudiantes pusieron la educación al frente del debate, exigiendo que sea pública, gratuita y de calidad, en un país con un sistema al extremo segregado, sin gratuidad universitaria y donde, a nivel escolar, son cada vez menos quienes asisten a colegios públicos gratuitos.

Bajo la promesa de reformar profundamente el sistema, la socialista Michelle Bachelet obtuvo la reelección con un abrumador 62% de los votos.

Pero tras ocho meses en el poder las aguas están más que agitadas para ella. A la férrea oposición de la derecha se sumó una tensión en la coalición oficialista, la Nueva Mayoría, donde conviven socialistas, democratacristianos y comunistas, con distintas visiones sobre la profundidad de la reforma.

La DC es más cauta frente a las reformas, ya que varios de sus dirigentes son dueños de colegios subvencionados. 

"La reforma está atravesando un momento complicado. La tensión es muy grande, porque hay desacuerdos muy profundos en los temas de fondo", dice a la AFP el analista político de la Universidad Adolfo Ibáñez, Max Colodro.

En señal de molestia, la DC convocó a un Consejo Nacional Extraordinario. Este jueves, el presidente del partido, Patricio Walker, afirmó que eran leales al gobierno de Bachelet y pidió respetar las "legítimas diferencias" al interior de la coalición.

Ahora, la reforma debe pasar al Senado, donde se anticipa un tenso debate.

"Lo más probable es que en el Senado la DC termine rechazando aspectos sustantivos de la reforma, y lo más probable es que estemos a las puertas de una crisis política compleja", agregó Colodro.

- "Campaña del terror" -

En este escenario, padres de colegios subvencionados protagonizaron el fin de semana una multitudinaria marcha en contra de la reforma, replicando las manifestaciones en favor de los cambios realizadas por estudiantes.

Su temor es que estos colegios –unos 5.000- cierren o se conviertan en particulares pagados, elevando considerablemente sus aranceles. Hasta ahora, no hay estimaciones oficiales sobre el número que podría cerrar, aunque agrupaciones de padres cifran los cierres en un 80%.

"La reforma del gobierno nos pone contra la pared", afirmó en la marcha de este sábado Esteban Mora, cuyos dos hijos asisten a un colegio subvencionado. Muchos los eligen por tener mejor infraestructura, pese a que no logran mejores resultados de los públicos gratuitos.

Para Bachelet, las aprensiones responden a una "campaña del terror" contra su reforma. "Nosotros no queremos cerrar los colegios privados, no queremos que solamente haya escuelas públicas", dijo durante su reciente visita a España.

Tras la reforma a las escuelas, el siguiente paso es instaurar la gratuidad universitaria prometida por Bachelet en un plazo de seis años.