El primer ministro Manuel Valls presentará por la tarde a los sindicatos y las asociaciones empresariales una versión "corregida" del proyecto, cuyo contenido inicial volcó a las calles a cientos de miles de manifestantes la semana pasada.
Por la noche, el primer ministro se reunirá con los diputados socialistas, una parte de los cuales se opone también al proyecto.
La nueva versión es anunciada como un "compromiso ambicioso" por el gobierno. El primer ministro prometió "corregir, rectificar, cambiar lo que debe ser cambiado".
El presidente François Hollande evocó asimismo "correcciones" necesarias, pero descartó el retiro del texto, que será presentado en Consejo de Ministros el 24 de marzo.
"Ley de trabajo: Hollande juega su última carta", tituló el diario económico Les Echos. "¿Hasta dónde retrocederán Hollande y Valls?", planteaba el diario conservador Le Figaro.
Hollande y Valls, cuya popularidad no cesa de bajar en las encuestas de opinión, avanzan con ese proyecto en terreno minado, cuando se acerca la elección presidencial de 2017.
Ambos temen sobre todo que la movilización contra el proyecto de ley se amplíe aún más, en particular entre los jóvenes.
Los principales sindicatos contestatarios, CGT y FO entre otros, piden que el texto sea pura y simplemente retirado, al igual que la UNEF, el principal sindicato de estudiantes.
 

 - Retirar o enmendar -

 
"Si el texto es mantenido, los ciudadanos tendrán que movilizarse", advirtió el lunes el dirigente de la CGT, Philippe Martinez.
Los sindicatos llamados "reformistas", como la CFDT, exigen que se modifique el proyecto, considerado demasiado favorable a los patrones y que prevé facilitar los despidos económicos.
Las organizaciones empresariales apoyaron el proyecto del gobierno, pero temen ahora que las enmiendas lo "entibien". "Renunciar sería suicida", sostuvo el Medef, la mayor del país.
El proyecto de ley laboral es criticado también dentro del gubernamental Partido Socialista, una parte de cuyos diputados critican desde hace tiempo el giro liberal dado por Hollande a la política económica.
Uno de ellos, Christian Paul, afirmó el lunes que el gobierno "no tiene hoy ningún apoyo popular, no tiene base electoral para la política aplicada". El parlamentario recalcó los malos resultados electorales del Partido Socialista en varias elecciones legislativas parciales realizadas el domingo.
Según los medios de información, el gobierno podría retirar del proyecto varias medidas a las que se oponen todos los sindicatos, como el tope para las indemnizaciones en caso de despido abusivo, y las relativas al aumento del tiempo de trabajo de los aprendices.
Dada la firme oposición de los sindicatos contestatarios, el objetivo del gobierno es que los reformistas adhieran al texto modificado.
El dirigente de la CFDT, Laurent Berger, se declaró dispuesto a utilizar "todos los medios para hacer ceder al gobierno" si no logra que el proyecto sea "reequilibrado".
En cuanto a los sindicatos contestatarios, tras haber movilizado entre 220.000 y 400.000 manifestantes el miércoles pasado, llamaron a otro día de huelgas y manifestaciones el 31 de marzo.
Con la misma posición, la UNEF llamó ya a los estudiantes a manifestar nuevamente el jueves.