La nueva legislación entra en vigor en un momento de tensiones entre la justicia y el gobierno, confrontado a un vasto escándalo político-financiero.

El ministerio de Justicia tendrá en adelante mayor influencia en el Alto Consejo de Jueces y Fiscales (HSYK), un organismo independiente a cargo del nombramiento de los magistrados.

La reforma encolerizó a la oposición y le valió a Turquía advertencias por parte de la Unión Europea (a la cual Turquía espera adherir) y de Estados Unidos, por las amenazas que representa para la independencia de la justicia.

Pero fue aprobada a mediados de este mes sin mayores sorpresas gracias a la mayoría absoluta con que cuenta en el Parlamento el Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP), del primer ministro Recep Tayyip Erdogan.

El gobierno turco consiguió también la aprobación de otra polémica ley, que refuerza el control sobre internet.

Las nuevas disposiciones se producen en momentos en que Erdogan se ve confrontado a una creciente presión por denuncias de sobornos y de corrupción contra muchos de sus principales aliados políticos y apoyos financieros.

El primer ministro acusó a su acérrimo adversario Fethulá Gülen -un predicador musulmán que vive en Estados Unidos pero tiene numerosos contactos en la policía y la justicia turcas- de estar detrás de ese aluvión de acusaciones.

Decenas de empresarios, altos cargos y personalidades cercanas al poder han sido inculpadas o encarceladas desde diciembre y tres ministros presentaron además su dimisión.

El gobierno contraatacó destituyendo a centenares de policías y fiscales.

La escalada continuó esta semana con la divulgación de una grabación de una conversación en la que un hombre, presentado como Erdogan, le pide a otro, presentado como su hijo mayor Bilal, que se deshaga de 30 millones de euros. La charla está fechada el 17 de diciembre, día en que el escándalo salió a la luz.

Erdogan afirmó que esa conversación es "un montaje indecente" y "un ataque abyecto" contra él y contra Turquía.