Aunque la intención inicial del presidente regional Artur Mas era ajustarse a la legalidad, el bloqueo jurídico propiciado por el gobierno español y la presión de sus aliados de la izquierda independentista para que se organize la consulta empujan el proceso a un limbo jurídico que compromete su organización.

A solo un mes del referéndum, previsto para el 9 de noviembre, el gobierno catalán mantiene muchos frentes abiertos en el dispositivo de la consulta que, dada la oposición de Madrid, no podrá contar con herramientas electorales básicas como el censo oficial del Estado, las urnas de cristal reglamentarias o los puntos de votación utilizados normalmente.

Las autoridades regionales se apuran para solventar estas complicaciones logísticas con el temor de no llegar a tiempo.

"Muchos de los plazos para preparar la consulta ya se han consumido y quedan muchas cosas por hacer. Esto lleva a pensar que no será posible hacerla", opina el catedrático de ciencias políticas Joan Botella.

Sin embargo, el ejecutivo de Mas mantiene la convocatoria pese al rechazo del gobierno central de Mariano Rajoy y prosigue a contrarreloj con sus preparativos, desoyendo la suspensión cautelar decretada por el Tribunal Constitucional mientras decide si el escrutinio se ajusta a la legalidad.

El primer paso preparatorio fue la creación de la comisión de control, una especie de junta elecotral que supervisará el proceso. Su nacimiento, sin embargo, fue polémico por la dimisión de uno de sus miembros criticando la "falta de garantías democráticas".

Sin el apoyo logístico de la maquinaria electoral estatal, el gobierno catalán ha tenido que encargar la fabricación de 10.800 urnas de cartón y ha confeccionado un censo no oficial a través del padrón municipal.

Pero la lista de participantes aun no está definida porque siguen las inscripciones voluntarias de los inmigrantes residentes en Cataluña. Este registro debía cerrarse el martes pero se mantiene abierto para compensar el cierre temporal decretado tras la sentencia del tribunal.

No es el único plazo postergado. Muchos ayuntamientos, cuya colaboración es necesaria, todavía no han comunicado qué espacios cederán para poner las urnas ni han designado a los responsables municipales de la votación. De hecho, algunos como el de Badalona, tercera ciudad catalana, ya han declinado ayudar.

"Hay unos plazos que se tendrán que reajustar pero al servicio de que se haga la consulta", reconoció el martes el portavoz del gobierno Francesc Homs, añadiendo que "no escondemos los obstáculos que hay pero los iremos sorteando".

- "El proceso no es fiable" -

Tampoco se ha desvelado el papel que desarrollarán los funcionarios. Según las previsiones, la consulta requiere la movilización de 4.834 trabajadores públicos, 9.200 policías y 24.390 miembros de mesas electorales que podrían sufrir consecuencias legales si participan en una votación prohibida.

Desde la Generalitat se repite que "no se pondrá contra las cuerdas" a estas personas, pero sin ellas la celebración de la consulta no sería posible.

Dadas las circunstancias, crecen las dudas sobre la legitimidad que ofrece una consulta sin autorización estatal ni amparo legal y preparada con poco más de un mes de antelación.

"Pensar que a estas alturas cuestiones básicas como las personas con derecho a voto, la campaña de debate público o los lugares de votación no estén organizadas, hace sospechar que es complicado que hayan plenas garantías", indica Joan Font, director del Instituto de Estudios Sociales Avanzados.

Para Botella, el escrutinio puede carecer de neutralidad porque, probablemente, solo aceptarán involucrarse en la organización los afines al independentismo y, hasta el momento, solo los partidarios de la secesión están participando en una cortísima campaña electoral que los unionistas consideran ilegal.

"Al final solo irán a votar y a supervisar la votación los militantes de una de las causas. Por lo tanto, el proceso no es fiable", augura.

"Este referéndum tiene que estar bien hecho porque sino la comunidad internacional no le prestará atención. Y este es el riesgo más grande que corren los promotores del proceso, simplemente hacer el ridículo", advierte.