Como la mayoría de grupos mafiosos, los yakuza se han enriquecido con las apuestas clandestinas, las drogas, la prostitución o la usura, pero a diferencia de las Tríadas chinas o la mafia italiana, el crimen organizado japonés no es una sociedad secreta y opera abiertamente desde oficinas conocidas.
Además de considerarse a sí mismos como organizaciones casi de "beneficencia", los yakuza han mantenido durante mucho tiempo relaciones con los políticos conservadores, que han estado en el poder casi en forma ininterrumpida desde el final de la guerra.
La policía ha tendido a dejarlos actuar, contando con ellos para controlar a la pequeña delincuencia, y siempre y cuando no se metieran directamente con los ciudadanos honestos.
Este modus operandi, sin embargo, ha sido roto en los últimos años por el Kodokai, una facción del sindicato del crimen más poderoso, el Yamaguchi-gumi, dice Jake Adelstein, quien ha cubierto noticias policiales durante diez años para un gran diario japonés.
"La yakuza se suponía que debía permanecer en las sombras, mientras la policía tolera su existencia de algún modo", indica.
El Kodokai no obstante se ha mostrado particularmente violento, amenazando incluso a policías y a miembros de su familia.
"Se han ganado también la reputación de atacar a la gente común y corriente", dice Adelstein.
A finales del año pasado, la policía arrestó en forma espectacular a Kiyoshi Takahashi, presunto líder de la facción Kodokia y considerado como el jefe de toda la Yamaguchi-gumi, cuyo líder, Kenichi Shinoda, está tras las rejas desde 2005 por la violación de la ley sobre las armas.
El "número 3" de esta organización, Tadashi Irie, también fue detenido a fines de 2010.
Lo que era difícilmente imaginable hace unos años ha ocurrido, estas investigaciones han sido lanzadas bajo la dirección de Takaharu Ando, el jefe de policía que ha declarado la guerra a los yakuza.
Según Adelstein, Ando es el "Elliot Ness que los japoneses estaban esperando". "Es muy valiente y tiene sentido de la táctica."
La adopción de una legislación antibandas en el 2008 ha facilitado la labor de los investigadores. Una por una, las prefecturas del archipiélago aprueban normas que ponen fuera de la ley a las empresas que financien a las organizaciones mafiosas.
La legislación responsabiliza ahora a los líderes Yakuza de los crímenes cometidos por sus tropas, y los contratos entre las empresas a menudo incluyen ahora una cláusula que estipula que las partes no son miembros de "grupo con actividades antisociales", eufemismo para referirse a la yakuza.
Alentados por la nueva actitud de las autoridades y la policía, también han surgido comités de vecinos para rechazar la llegada de grupos de la mafia a las oficinas de su barrio.
El sector de la construcción también ha comenzado a reaccionar, cuando las empresas de trabajos públicos han utilizado durante mucho tiempo los servicios de yakuza para contratar a sus obreros, para romper huelgas o intimidar a los vecinos que se oponen a algún proyecto de construcción.
Ante la Tokyo Sky Tree, la torre emisora en construcción que en el futuro alcanzará los 634 metros, una figura de dibujo manga con el puño alzado proclama que el proyecto se lleva a cabo sin la participación de la mafia.
"Los tiempos han cambiado. Es el momento de decir claramente no", subraya Hirokazu Sato, un responsable de obras del teatro Kabukiza, en el barrio lujoso de Ginza, donde los yakuza son persona non grata.