Su existencia se remonta como mínimo al siglo X, cuando esta región del este de España formaba parte del califato de Córdoba y la actual catedral gótica, a cuya sombra sesiona el tribunal, era una mezquita. Por ello, se presenta como "la más antigua institución de justicia existente en Europa".

Los casos derivan de situaciones muy concretas: cortes indebidos de suministro, errores en los turnos de uso del agua, agricultores que riegan por error una parcela vecina... 

Litigios que pueden darse todo el año, y especialmente con la sequía actual, aunque en este caso "hay condiciones distintas (de riego) y se extrema la vigilancia de la disponibilidad del agua", explica Daniel Sala, historiador y gran conocedor de la institución.

Uno de los casos tratados recientemente fue el de Vicent Martí, que desde hace más de treinta años regenta una explotación ecológica.

Un día se encontró con que el agua venía manchada de cemento y pintura, vertidos por los trabajadores de un vecino que, acequia arriba, estaba arreglando su casa.
 

En menos de un mes el asunto estaba ante el tribunal. Tras escuchar los argumentos y un breve debate, el presidente pronunció la fórmula consagrada para condenar al denunciado, que la acató con un escueto "correcto". La sanción posterior, establecida por su acequia, rondó los 2.000 euros.

"Me supo mal denunciarlo porque somos vecinos, pero es que yo tampoco tenía mucha elección", explica a la AFP Vicent Martí, añadiendo que con los numerosos controles de calidad a los que se somete su producto, con un incidente así "te estás jugando la supervivencia".

En su forma actual, el tribunal consta de ocho miembros, conocidos como síndicos y todos hombres.

Los eligen en una votación los propios regantes, y representan las acequias de la huerta valenciana, donde se cultivan cítricos, hortalizas y tubérculos como la chufa, con la que se fabrica el refresco favorito de los valencianos, la horchata.

Ataviados de un austero blusón negro parecido al de los magistrados pero sólo hasta la cintura, los ocho se reúnen sin falta cada jueves en la puerta de los Apóstoles, cuando el campanario de la catedral, conocido como el Micalet, marca el mediodía.
 

El alguacil, tocado de un gorro y arpón de latón en mano, llama entonces a los denunciados, mencionando dos veces el nombre de cada acequia ante decenas de curiosos. Los síndicos aguardan circunspectos, sentados en sillones.

Los asuntos se despachan en pocos minutos, en presencia del denunciante y el denunciado, y en valenciano, la lengua vernácula de los regantes. Las sentencias, pronunciadas en el acto, son inapelables, y los desacatos, excepcionalísimos, de acuerdo con los testimonios recogidos.

Dos amenazas se ciernen sin embargo sobre la huerta y, por extensión, sobre el tribunal: la reducción de su superficie, a causa de la especulación inmobiliaria de los últimos años, y el envejecimiento de su población.
 

- Una institución disuasiva y diligente -

De los cientos de litigios que pueden plantearse al año, muy pocos (unos 20 ó 25) llegan hasta la puerta de la Catedral, por lo que no todos los jueves comparecen denunciados.

Y es que la presencia masiva de curiosos, en uno de los puntos más concurridos de la ciudad, constituye un potente factor de disuasión. "Para un labrador es casi una ofensa venir aquí", explica Jose Antonio Monzó, guarda de la acequia de Quart.

Enrique Aguilar, síndico de la acequia de Rascanya y vicepresidente del tribunal, cuenta que el 90% de los casos se resuelve con una mediación, a veces minutos antes de celebrarse el juicio.

"Aquí intentamos que no llegue nadie", afirma frente a la puerta de los Apóstoles. "En mi acequia, cada año hay 30 ó 40 casos. De esos, sólo tres o cuatro llegan aquí".
 

"En el campo, el denunciado está eufórico, diciendo que él no es culpable. Pero cuando se presenta aquí, ya quiere la mediación", y al final "tiene que pagar la sanción que se le pone", resume Manuel Ruiz, presidente del tribunal y síndico de la acequia de Favara.

Desde su aparición, este tribunal inscrito como patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO "ha sido respetado por dictaduras, presidentes de República, reyes, por todo el mundo", destaca Daniel Sala.

Pero más allá de la historia, su autoridad reposa en que posee jurisdicción propia sobre los más de 10.000 regantes de la zona, de modo que "lo que dice el tribunal es lo que vale", indica el historiador.