La ministra de Justicia, Dolores Delgado, adelantó también que su departamento estudiará la manera de ilegalizar organizaciones que hagan "apología del franquismo", como la Fundación Francisco Franco, y anulará sentencias dictadas por los tribunales franquistas.
"Es nuestra intención y nuestro compromiso asegurar el acceso a la verdad mediante los mecanismos adecuados y eficaces que garanticen el derecho a la reparación de las víctimas del franquismo y la obtención de las adecuadas garantías de no repetición", dijo en el Congreso de los Diputados, en Madrid.
El Gobierno llevará a cabo una reforma integral de la ley de memoria histórica aprobada en 2007 por el Gobierno del socialistas José Luis Rodríguez Zapatero, que quedó prácticamente relegada por falta de fondos durante el posterior mandato del conservador Mariano Rajoy.
Esta reforma tendrá como objetivos "declarar la nulidad de los tribunales de excepción franquistas y sus fallos y sentencias", impulsar "las exhumaciones" de fosas comunes, crear una comisión de la verdad, retirar la simbología de exaltación de la guerra civil y aplicar sanciones económicas en caso de incumplimiento.
Para establecer "planes de búsqueda de desaparecidos", el Gobierno español creó una dirección general para la memoria histórica que contará con expertos en áreas como el derecho, la arqueología o la antropología forense, así como con representantes de asociaciones que trabajan en estos campos y de familiares de víctimas del franquismo.
Nada más llegar al Ejecutivo el 1 de junio, Pedro Sánchez anunció su intención de sacar los restos de Franco del Valle de los Caídos y de convertir en un monumento "a la reconciliación" este mausoleo levantado por el dictador tras la guerra civil.
Entre los reclamos de las víctimas del franquismo, además de este gesto y de un plan para buscar a los miles de desaparecidos, está también la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, dedicada a promover y ensalzar la figura del dictador.