Expertos internacionales en desarme declaran ante justicia española sobre ETA

AFP (Agencia France-Presse)

MADRID. - Un juez español interrogó este domingo como testigos a tres expertos internacionales sobre el desarme de ETA, acerca del lugar en que se reunieron con miembros de la organización el mes pasado, en una citación que suscitó críticas de políticos vascos.

Los expertos, miembros de la denominada Comisión Internacional de Verificación (CIV), no reconocida por Madrid, anunciaron el viernes en Bilbao (norte) que el grupo separatista había empezado a inutilizar parte de su arsenal.

Este domingo, el srilankés Ram Manikkalingam, presidente de la comisión, el sudafricano Ronnie Kasrils y el británico Chris Maccabe fueron a declarar en Madrid como testigos ante el juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, sobre el lugar en el que se reunieron en enero con miembros de ETA.

La citación fue solicitada por una asociación de víctimas de ETA, Covite.

Según una fuente judicial, los tres expertos indicaron al juez que desconocían la identidad de las personas con las que se reunieron y la ubicación de los zulos de ETA.

Los expertos recibieron "a finales de enero de 2014 una carta anónima" para que fueran a Toulouse (Francia), donde un hombre no identificado les acompañó a un edificio, al que accedieron por el garaje. En una habitación de este edificio se grabó el vídeo difundido el viernes, indicó esta fuente.

Ram Manikkalingam y Ronnie Kasrils aparecen, junto con dos etarras encapuchados, en un video grabado en enero, en el que los dos miembros de la banda presentan un pequeño depósito de armas y explosivos.

"Los encapuchados, de los que desconocen sus identidades, les ofrecen un listado de armas y ellos firman con el compromiso verbal de que están selladas. Delante de ellos las meten en una caja de cartón y también la sellan", añadió la fuente judicial.

"Estamos aquí hoy porque queremos ser transparentes con el juez Ismael Moreno, y hemos cooperado con él", había declarado al salir de la Audiencia Nacional Ram Manikkalingam, ex consejero del presidente srilankés en las negociaciones de paz con los rebeldes tamiles.

"Hace tres años que ETA declaró un alto el fuego permanente, unilateral y verificable. ETA ha respetado el alto el fuego y cumplido su compromiso de poner fin a la violencia", añadió Manikkalingam, añadiendo que es hora de "poner fuera de uso operacional" las armas de la banda.

El presidente de la comisión dijo creer que existe en este momento "una verdadera ocasión" de consolidar la paz en el País Vasco.

Los otros tres expertos de la comisión, Fleur Ravensbergen, Aracelly Santana y Satish Nambiar, no respondieron a la convocación del juez de la máxima instancia penal española. Según la prensa española, este último, que es un general indio, no estaba bien de salud.

El video ilustra el anuncio hecho por la comisión de que ETA había empezado a inutilizar una parte de su arsenal. Los expertos presentaron el gesto como un paso "creíble" hacia el desarme de la organización.

 

- "Convulsión permanente" -

 

Antes de llegar al tribunal, los expertos se reunieron en Madrid con el presidente vasco, Íñigo Urkullu, un nacionalista conservador.

El secretario general para la Paz del gobierno vasco, Jonan Fernández, instó al gobierno español a "reflexionar sobre las consecuencias de someter a la sociedad vasca a un estado de convulsión permanente" por su rechazo a negociar.

"Creemos que ETA debe hacer una reflexión sobre las consecuencias de la dilatación de este proceso de final de su existencia", añadió Fernández.

El partido gobernante, PNV, había expresado poco antes "su apoyo, su respaldo y su agradecimiento a la CIV y a las personas que la integran por el trabajo que están desempeñando en los últimos meses".

Con un tono incisivo, la izquierda independentista vasca reaccionó criticando la convocación de los expertos por la Audiencia Nacional.

El diputado de la coalición Amaiur Jon Iñarritu la calificó de "ridícula" y "sinsentido".

ETA anunció el 20 de octubre de 2011 su renuncia definitiva a la violencia, después de cuatro décadas de lucha armada por la independencia del País Vasco y Navarra en las que mató a más de 800 personas.

El gobierno español reaccionó al anuncio del viernes reclamando la disolución incondicional de la banda, y destacó que la verificación del desarme corresponde a la policía nacional.



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