"Nuestra fuerza pública debe quedar blindada para que no se den en Colombia las vicisitudes a las que han estado sometidas en otros países del continente, donde se han reabierto los procesos después de que los militares habían sido cubiertos por medidas de indulto o punto final", escribió Gaviria, quien gobernó Colombia entre 1990 y 1994, en un texto publicado por el diario el Tiempo.

"Esto de una u otra manera ha ocurrido en Uruguay, Argentina, Chile y Guatemala. En algunos de ellos, luego de varias décadas después de haber finalizado el conflicto interno, han sido reabiertos los procesos que habían concluido las responsabilidades penales", agregó el exmandatario, quien además fue secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), entre 1994 y 2004.

Los cuatro países padecieron dictaduras entre la década de 1970 y comienzos de 1980, que dejaron miles de desaparecidos.

En Uruguay, el presidente electo Tabaré Vázquez, quien se posesionará el próximo 1 de marzo para el período 2015-2020, creó hace dos días una comisión por "verdad y justicia" por los crímenes de la dictadura (1973-1985), mientras que la justicia argentina ha condenado a 554 represores de la dictadura militar de ese país (1976-1983) desde 2006, cuando se declararon inconstitucionales las amnistías.

En Chile, unas 1.045 causas judiciales por crímenes durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) aún estaban abiertas en diciembre del año pasado, y en Guatemala, el exdictador Efraín Ríos Montt fue condenado a 80 años de prisión en mayo de 2013 por genocidio.

"Tampoco podemos, si de veras queremos poner fin al conflicto, elevar responsabilidades penales por cada denuncia que los no combatientes hagan frente a la Comisión de la Verdad", añadió Gaviria, a propósito del proceso de paz que el gobierno colombiano adelanta desde noviembre de 2012 en La Habana con la principal guerrilla del país, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC, comunistas).

Hasta el momento, las partes han llegado a acuerdos sobre desarrollo rural, participación política y drogas ilícitas, aunque aún queda por consensuar el punto sobre víctimas, dejación de las armas y refrendación de los acuerdos.

Queda pendiente además el espinoso tema de la justicia transicional para finalizar un conflicto armado de más de 50 años, en el que han participado también otras guerrillas de izquierda, paramilitares de derecha, fuerzas militares y bandas narcotraficantes.

"Lo que hemos tenido en Colombia son unas Fuerzas Armadas defendiendo las instituciones constitucionales con el uso legítimo de la fuerza que ella les otorga, así se hayan presentado algunos condenables abusos o violaciones a los derechos humanos", escribió el expresidente.

Gaviria propuso igualmente que los beneficios judiciales otorgados a los insurgentes para el fin del conflicto, también apliquen para otros combatientes, así como para sus financiadores, aunque sean civiles.