FARC no aceptarán que se las juzgue solo a ellas
AFP (Agencia France-Presse)
Bogotá, Colombia. - La guerrilla de las FARC no aceptará que se las juzgue solo a ellas como resultado de las conversaciones de paz con el gobierno de Colombia, aseguró Enrique Santiago, asesor jurídico del grupo rebelde.
El abogado español indicó que las FARC esperan que "si los máximos responsables de la guerrilla van a la cárcel, los del Estado también deben ir" y añadió que el grupo armado busca "más equilibrio y equidad en la resolución del conflicto. Porque la insurgencia no es la más responsable de los crímenes de este país".
En diálogo publicado este domingo en la Revista Semana, Santiago indicó que las FARC rechazan que el proceso de paz se convierta en un "escenario para juzgar a una de las partes" porque buscan que se aclare la verdad sobre todos los responsables de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto.
"Está claro quiénes son los máximos responsables de la insurgencia. Pero ¿quiénes son los máximos responsables del Estado? Para la justicia internacional no hay inmunidad de ningún cargo político", dijo Santiago.
El jurista aseguró que la organización rebelde no busca impunidad pero es necesario crear mecanismos alternativos de justicia con opciones diferentes a la privación de la libertad.
"La insurgencia entiende que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y esclarecer; de perseguir y sancionar. El asunto es que hay muchas formas de cumplir con estas obligaciones", afirmó el asesor.
Santiago insistió en que "creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel, es un concepto medieval" y agregó que es posible que haya un acuerdo sobre el tema de la justicia en los cuatro meses que el presidente Juan Manuel Santos puso como plazo para que se registren avances en el proceso de paz.
Las FARC y el gobierno de Santos mantienen conversaciones de paz desde noviembre de 2012 en Cuba y tras avanzar en tres de los seis puntos de la agenda de conversación están debatiendo en paralelo asuntos clave como la reparación a las víctimas del conflicto, la justicia a la que se someterán los guerrilleros desmovilizados y el abandono de las armas.
Colombia vive un conflicto interno que en cinco décadas ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, dejando 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.
En diálogo publicado este domingo en la Revista Semana, Santiago indicó que las FARC rechazan que el proceso de paz se convierta en un "escenario para juzgar a una de las partes" porque buscan que se aclare la verdad sobre todos los responsables de violaciones de los derechos humanos durante el conflicto.
"Está claro quiénes son los máximos responsables de la insurgencia. Pero ¿quiénes son los máximos responsables del Estado? Para la justicia internacional no hay inmunidad de ningún cargo político", dijo Santiago.
El jurista aseguró que la organización rebelde no busca impunidad pero es necesario crear mecanismos alternativos de justicia con opciones diferentes a la privación de la libertad.
"La insurgencia entiende que el Estado debe cumplir con su obligación de investigar y esclarecer; de perseguir y sancionar. El asunto es que hay muchas formas de cumplir con estas obligaciones", afirmó el asesor.
Santiago insistió en que "creer que la única sanción que equilibra el daño causado es la cárcel, es un concepto medieval" y agregó que es posible que haya un acuerdo sobre el tema de la justicia en los cuatro meses que el presidente Juan Manuel Santos puso como plazo para que se registren avances en el proceso de paz.
Las FARC y el gobierno de Santos mantienen conversaciones de paz desde noviembre de 2012 en Cuba y tras avanzar en tres de los seis puntos de la agenda de conversación están debatiendo en paralelo asuntos clave como la reparación a las víctimas del conflicto, la justicia a la que se someterán los guerrilleros desmovilizados y el abandono de las armas.
Colombia vive un conflicto interno que en cinco décadas ha involucrado a guerrillas, paramilitares y agentes del Estado, dejando 220.000 muertos y seis millones de desplazados, según cifras oficiales.