Filipinas abandona la Corte Penal Internacional
DPA (Deutsche Press Agency-Agencia de Prensa Alemana)
Manila. - El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, anunció hoy que su país retira con efecto inmediato la ratificación del Estatuto de Roma que creó la Corte Penal Internacional (CPI), al considerar que este tribunal está siendo usado como una "herramienta política" contra él.
Duterte acusó a la CPI de haber lanzado contra él y su Gobierno "ataques infundados, sin precedentes y escandalosos".
Según el presidente filipino, "parece que la CPI está siendo utilizada como una herramienta política contra Filipinas" por parte de funcionarios de Naciones Unidas que intentan describirle a él como un "violador despiadado y desalmado de los derechos humanos que supuestamente ha causado miles de muertes extrajudiciales".
Duterte sostuvo que la fiscal especial de la CPI violó las normas legales y el principio constitucional de la presunción de inocencia cuando anunció "prematuramente" una investigación preliminar de las acusaciones dirigidas contra él por las miles de muertes registradas durante su campaña contra el tráfico de drogas.
La investigación preliminar de la CPI, anunciada en febrero, se basa en una queja presentada en abril de 2017 por un abogado filipino que acusó a Duterte y a otros 11 funcionarios de alto rango de ser responsables del asesinato masivo de supuestos criminales y tráficantes de drogas desde que Duterte asumió la presidencia del país, el 30 de junio de 2016.
Según datos oficiales, la Policía filipina ha matado desde la toma de posesión de Duterte a más de 4.100 supuestos vendedores de drogas y drogadictos en operaciones contra el narcotráfico, cifra que la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch y grupos eclesiales elevan hasta 13.000, incluyendo a personas abatidas por asesinos a sueldo o parapoliciales.
Según el presidente filipino, "parece que la CPI está siendo utilizada como una herramienta política contra Filipinas" por parte de funcionarios de Naciones Unidas que intentan describirle a él como un "violador despiadado y desalmado de los derechos humanos que supuestamente ha causado miles de muertes extrajudiciales".
Duterte sostuvo que la fiscal especial de la CPI violó las normas legales y el principio constitucional de la presunción de inocencia cuando anunció "prematuramente" una investigación preliminar de las acusaciones dirigidas contra él por las miles de muertes registradas durante su campaña contra el tráfico de drogas.
La investigación preliminar de la CPI, anunciada en febrero, se basa en una queja presentada en abril de 2017 por un abogado filipino que acusó a Duterte y a otros 11 funcionarios de alto rango de ser responsables del asesinato masivo de supuestos criminales y tráficantes de drogas desde que Duterte asumió la presidencia del país, el 30 de junio de 2016.
Según datos oficiales, la Policía filipina ha matado desde la toma de posesión de Duterte a más de 4.100 supuestos vendedores de drogas y drogadictos en operaciones contra el narcotráfico, cifra que la organización defensora de los derechos humanos Human Rights Watch y grupos eclesiales elevan hasta 13.000, incluyendo a personas abatidas por asesinos a sueldo o parapoliciales.