"En este juicio ha quedado acreditado cómo magistrados y funcionarios de la Justicia de entonces han tenido una actitud cómplice", dijo el fiscal general Carlos Gonella ante un tribunal de la provincia de Córdoba (centro).
Estimó que si los jueces "hubieran cumplido con el juramento de defender la ley al asumir como magistrados quizás nosotros no estaríamos acá. Se hubieran juzgado los primeros hechos de esta masacre pero no hubiera ocurrido nada más".
Gonella aseguró que "también existió complicidad de los representantes de la Iglesia" así como de "sectores de la sociedad civil".
"Si (el entonces arzobispo de Córdoba y titular del Episcopado argentino) Raúl Primatesta estuviera vivo, estaría aquí sentado, no tengo dudas", declaró, señalando el banquillo de los acusados.
Según el fiscal, durante el juicio hubo constancias de que Primatesta "intervino para gestionar un alivio a los presos", lo que permitió a algunos de ellos recibir visitas en Navidad pero, advirtió, "también se han dicho acá otras cosas".
"La testigo María Cristina Tobares, refugiada en el ACNUR en Brasil, dijo que monseñor Paulo Arns (arzobispo de San Pablo) les prestaba refugio, y él les dijo que Primatesta les pedía información sobre los refugiados políticos acá y le reprochaba que prestara las instituciones del Arzobispado de San Pablo para refugiar a subversivos exiliados de la Argentina", precisó.
"Arns los llamó y les dijo que si pensaban volver a Córdoba no lo hicieran porque su vida corría peligro", agregó.
Videla, 85 años, quien fue jefe de la Junta de Comandantes que dio el golpe de Estado de 1976 e instaló hasta 1983 una dictadura militar, está siendo juzgado junto a 30 militares y policías, por el homicidio de 31 presos políticos en un penal de Córdoba.
El ex dictador había sido condenado a prisión perpetua en un histórico juicio de 1985, pero luego indultado en 1990 por el entonces presidente Carlos Menem (1989-99). El indulto fue declarado inconstitucional en 2007.
Se espera la sentencia de este juicio para antes de fin de año.
Unas 30.000 personas desaparecieron en la dictadura, según organismos humanitarios.