AFP (Agencia France-Presse)
Quito. - A cuatro años de la rebelión policial que enfrentó el presidente de Ecuador, Rafael Correa, la justicia halló culpables a 60 personas, mientras que la fiscalía intenta probar que fue un intento de golpe de Estado, señaló este martes un alto funcionario.
Tras obtener la sentencia de varios de los acusados, la fiscalía intentará demostrar que los hechos de violencia del 30 de setiembre de 2010 "no fueron aislados" y respondieron a una "planificación" de un presunto golpe de Estado, dijo el fiscal general Galo Chiriboga en conferencia de prensa.
"Estamos articulando buena parte de esas sentencias que se tomaron en el país para fundamentar el caso de tentativa de golpe de Estado, caso que estamos investigando y va a demorar todavía un tiempo más", declaró.
Chiriboga aseguró que entre el grupo de responsables figuran seis policías que fueron condenados a 12 años de cárcel por intentar asesinar a Correa el 30 de setiembre de 2010.
Las demás personas, incluidos decenas de uniformados, fueron declaradas culpables por homicidio, rebelión, atentado contra la seguridad interna, sedición, terrorismo, entre otros delitos, mientras otros 36 acusados fueron absueltos.
El mandatario izquierdista, de 51 años y en el poder desde 2007, sorteó hace cuatro años una rebelión policial por reclamos salariales que derivó en su retención en un hospital, de donde fue rescatado por los militares en medio de una intensa balacera.
Correa denunció la insubordinación como un intento de golpe de Estado, y la OEA como "un intento claro de alterar la institucionalidad democrática". Diez personas fallecieron durante la violenta protesta que se llevó a cabo principalmente en Quito.
Según el fiscal general, se prevé concluir la "etapa de indagación" durante el primer semestre de 2015 para formular cargos.
Chiriboga precisó que la fiscalía asumió desde 2011 la tesis de un presunto golpe de Estado, a raíz de una denuncia de un parlamentario oficialista. De otro lado, informó que no tiene evidencia sobre la participación de un gobierno extranjero ni de ciudadanos de otros países en la presunta conspiración, como sugirieron políticos oficialistas.