Por segundo día consecutivo, Ortega, confesa chavista hoy convertida en la crítica de mayor peso del gobierno, acudió al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en busca de la destitución de esos ocho jueces de la Sala Constitucional.
La fiscal pidió a la Sala Plena del TSJ un "antejuicio de mérito", por estimar que esos magistrados cometieron el delito de "conspiración" contra el sistema democrático.
"No es (solo) a través de un acto de fuerza como se conspira contra la forma republicana de la Nación, también se conspira generando daños irreparables a través de sentencias. Lo que se está buscando es desmantelar el Estado", denunció Ortega.
El lunes, la fiscal impugnó el nombramiento de 33 magistrados designados en diciembre de 2015 por el saliente Parlamento de mayoría chavista, por considerar que su "parcialidad" ha acelerado la severa crisis del país, envuelto en una ola de protestas opositoras que dejan 68 muertos en dos meses y medio.
El último fue un policía de 41 años, quien falleció este martes tras haber sido herido de bala durante una manifestación en el estado Mérida (oeste), informó el Ministerio Público.
Los adversarios de Maduro han acusado al TSJ de servir al gobierno, pero los señalamientos de la fiscal profundizan la fractura del chavismo y la crisis institucional que estalló cuando la oposición asumió el control del Legislativo en enero de 2016.
Este martes, el Parlamento aprobó la creación de un comité que recibirá las postulaciones para nuevos magistrados, aunque sus decisiones son consideradas nulas por el TSJ, que lo declaró en desacato desde el inicio de la legislatura.
Mientras, la oposición continúa con su agenda de protestas y convocó a un plantón el miércoles y a movilizaciones para apoyar los recursos de la fiscal.
 

- "Enredo institucional" -

 
La fiscal pidió a los jueces señalados inhibirse de conocer su solicitud de antejuicio y solicitó la separación inmediata de sus cargos, al advertir que "corre peligro la Nación".
Ortega reiteró que el TSJ, a través de la Sala Constitucional, rompió "el orden constitucional" con los fallos de fines de marzo con los que asumió las funciones del Parlamento y retiró la inmunidad de los diputados. "Prácticamente se disolvía la Asamblea Nacional", explicó.
Aunque el TSJ dio marcha atrás a esas dos decisiones en menos de 48 horas tras el pronunciamiento de la fiscal y la crítica internacional, quedó encendida la chispa de las actuales protestas que exigen la salida del poder de Maduro.
"No puede ser que se desmantele el Estado (...) por caprichos", agregó Ortega, al enfatizar que es intolerable que el TSJ elimine instituciones del Estado porque "no le gustan".
El constitucionalista Juan Manuel Raffalli aseguró que "se está armando un enredo importante", pues la fiscal pidió también la inhibición de los 33 magistrados que impugnó el lunes.
"Su estrategia es desnudar la falta de institucionalidad del TSJ", subrayó.
 

- Contraofensiva oficial -

 
Ortega reiteró este martes su rechazo a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC)porque fue convocada por Maduro sin consultarlo en referendo, como sí lo hizo el expresidente Hugo Chávez -fallecido en 2013- para la Carta Magna de 1999.
La oposición considera un "fraude" con el que Maduro pretende perpetuar al chavismo en el poder y llamó a apoyar a la fiscal. 
Criticó que el gobierno impidiera con "tanquetas" en los alrededores del TSJ que ciudadanos se sumaran a un recurso que presentó contra la Constituyente, rechazado el lunes por el TSJ.
"Llueve truene o relampaguee el 30 de julio habrá elecciones (de la ANC) y en agosto tendremos una poderosa" Constituyente, sentenció este martes Maduro.
Funcionarios del gobierno han dicho que, una vez elegida, la Constituyente será un "suprapoder" que tendrá entre sus primeras tareas destituir a la fiscal.
Tras sus críticas a la ANC, Ortega, quien denunció que su familia ha sido víctima de amenazas y persecución, ha recibido una lluvia de insultos de funcionarios del gobierno.
La bancada parlamentaria chavista pidió al TSJ conformar una junta médica para evaluar la salud mental de la fiscal. "Se evidencia que esta señora no está en sus cabales", dijo el legislador Pedro Carreño.
Por su parte, el defensor del Pueblo, Tarek William Saab, también chavista, pidió ante el TSJ que aclare si la Defensoría puede participar en investigaciones de violaciones a derechos humanos.
Esa solicitud busca "desmontar facultades del Ministerio Público", apuntó el constitucionalista José Ignacio Hernández.