Bogotá, 2 de noviembre. Unos cuatro mil indígenas colombianos recibieron hoy al presidente Álvaro Uribe en el departamento del Cauca para sostener un diálogo en torno a reclamos sobre la devolución de tierras arrebatadas a pueblos originarios en la región suroeste de Colombia y acerca de las agresiones que han padecido las etnias colombianas en el contexto de la política de “seguridad democrática” que fue establecida por el mandatario desde su llegada al poder en 2002.
El encuentro comenzó al mediodía en La María, localidad rural del municipio de Piendamo, y durante la jornada Uribe escuchó y rebatió argumentos de representantes indígenas, pero al final del diálogo de unas seis horas no hubo acuerdos específicos sobre el pliego de peticiones, por lo que las etnias decidieron continuar con la movilización (llamada “Minga”) de protesta. Ninguna de las partes ofreció fechas tentativas para la nueva cita.
Mabel Andrade, de la Red Nacional, presentó ante el mandatario un informe que muestra que mil 244 indígenas han sido asesinados en los últimos seis años, 67 de los cuales fallecieron en 15 matanzas, ocho en 2007 y siete en 2008.
Tres de los homicidios múltiples “se atribuyen a fuerzas del Estado”, precisó Andrade después de decir que Uribe habla de “policías y militares de la patria, pero también queremos decir que ellos son los que nos están asesinando. La seguridad democrática ha sido muerte y destrucción”.
Los indígenas convocaron al diálogo para exigir especialmente al presidente que su gobierno pare de vincular a las organizaciones indígenas con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, que ha servido de pretexto para tratar de desarticular su movimiento en favor de la restitución de territorios que pertenecieron a las etnias en diferentes regiones del país.
En el contexto de la política de “seguridad democrática”, 55 líderes comunitarios han sido asesinados y ha habido 317 detenciones arbitrarias de indígenas, campesinos e integrantes de sindicatos presentados por las fuerzas de seguridad como guerrilleros, quienes tras de ser liberados, se quejó Andrade, quedaron marcados como milicianos porque “los medios no tuvieron espacio para publicar que fueron declarados inocentes”.

Otra de las demandas fue planteada por el representante de la Asociación de Cabildos del Norte del Cauca, Feliciano Valencia, quien advirtió que en la zona suroeste de Colombia hay 18 pueblos en vías de extinción, lo que hace necesario que el Estado colombiano establezca una política de reparación.
Durante el diálogo, también fue planteada al presidente una solicitud de “restitución” de 200 mil hectáreas de tierras, así como el rechazo al Tratado de Libre Comercio que el gobierno conservador negoció en los últimos años con la administración de George W. Bush, todavía pendiente de aprobación en el poder legislativo estadunidense.
Los indígenas comenzaron la “minga” en la tercera semana de octubre para presionar a Uribe a entablar un diálogo que estaba previsto para el domingo anterior en la ciudad de Cali. El gobierno envió a fuerzas de seguridad a despejar carreteras bloqueadas en el suroeste del país, desatando enfrentamientos con cientos de manifestantes. Los choques causaron la muerte de dos personas y heridas a varias decenas y desde entonces, los cuerpos policiales y militares se han mantenido en caminos y poblaciones rurales, como La María.
En el intercambio de este domingo, Uribe dijo estar dispuesto a “examinar en qué condiciones puede retirarse la fuerza pública”, pero a cambio de que las organizaciones indígenas se comprometan a no cerrar el tránsito en las carreteras.
El mandatario asumió la responsabilidad de la movilización policial en la región, dijo que a las fuerzas de seguridad no se les puede vetar el acceso a ningún punto del territorio nacional y subrayó que “en la medida que avanzó la seguridad democrática” se ha logrado abrir el tránsito en carreteras como la Panamericana, que antes de 2002 “era intransitable”.
Pese a no haber alcanzado acuerdos sobre el pliego petitorio, el presidente Uribe aceptó formar una comisión de gobierno que estudie la adhesión del Estado colombiano a la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblo Indígenas.
La Jornada, México  3-11-08