La autoridad francesa de protección de datos emplazó el jueves a Google a acatar la ley nacional en un plazo de tres meses, so pena de una multa que puede alcanzar los 150.000 euros.
Asimismo, la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD) abrió este mismo jueves un procedimiento sancionador a la empresa estadounidense Google para esclarecer si la nueva política de privacidad unificada del servidor cumple con la ley de protección de datos del país.
El inicio de esta investigación española, que forma parte de una actuación coordinada con otras autoridades de protección de datos europeas, coincide con el aviso de la autoridad francesa a Google para que ajuste su política de privacidad a la ley, so pena de una multa.
"Google sigue sin estar en conformidad con el derecho francés", dijo a la AFP la presidenta de la Comisión Nacional de Informática y Libertades (CNIL), Isabelle Falque-Pierrotin.
La entidad identificó "una serie de infracciones" que impiden a los usuarios "conocer el uso que [Google] puede hacer de sus datos" y tener la posibilidad de "controlarlos", precisó.
En octubre de 2012, las autoridades de protección de datos de los 27 países de de la Unión Europea (UE) conminaron a Google a adaptar sus procedimientos a la norma europea de Informática y Libertad.
El contencioso remonta a marzo de 2012, cuando Google fusionó unas 60 reglas de confidencialidad en una sola, que agrupa las informaciones de varios servicios separados hasta entonces como la mensajería Gmail o la red social Google+.
La CNIL exige que Google precise en un plazo de tres meses la "finalidad" de los datos personales que recaba cuando un internauta usa sus servicios o su motor de búsqueda, dado que hasta ahora esas informaciones son "demasiado imprecisas y difusas".
También exige que se pida el acuerdo previo de los usuarios "para instalar cookies" en sus computadoras, que permiten seguir la navegación en la red a fin de que los anunciantes identifiquen sus gustos y preferencias.
Si al cabo de tres meses no hay cambios, la CNIL "podrá abrir la fase de las sanciones financieras", advirtió Falque-Pierrotin.
En España, las investigaciones previas realizadas por la AEPD "han permitido constatar la existencia de indicios" de seis infracciones, cinco graves y una leve, sancionadas con hasta 300.000 euros las graves y 40.001 euros la más leve, informó en un comunicado.
Entre estos indicios de infracción, la agencia señala "la falta de información clara, la ausencia de finalidades específicas para varios servicios, el tratamiento desproporcionado de los datos de los usuarios o la conservación de datos por tiempo indeterminado o injustificado".
Según la AEPD, Google "no informa claramente sobre el uso que va a hacer de los datos que recoge de los usuarios" y, según su política de privacidad, puede "utilizar los datos recabados de forma ilimitada en todos sus servicios, presentes y futuros".