"Yo no puedo aceptar que se hable de que este es un gobierno golpista, que ha quebrantado la institucionalidad del país, cuando no existe ni una sola acción tomada por este gobierno que sea sinónimo de quebrantamiento de institucionalidad o de rompimiento del orden constitucional", destacó Funes.
Al mantenerse el presidente al margen del litigio entre la Sala Constitucional de la CSJ y el Congreso, dirigentes de la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP) le acusaron de tolerar la ocupación de la Corte, el pasado 16 de julio, por parte del sindicato de empleados judiciales para facilitar la instalación de magistrados de "facto".
La ANEP acusó al presidente de "golpista" por no utilizar la policía para evitar la ocupación del edificio judicial y se retiró del denominado Foro Económico y Social, una instancia que reúne a empresarios, trabajadores y gobierno en busca de resolver problemas que afectan al país.
La crisis institucional comenzó el 6 de junio pasado, cuando la Sala Constitucional declaró ilegal la elección de cinco magistrados, realizada por el Congreso en abril, así como la de otros cinco designados en 2006.
Según argumentó, ambas elecciones se produjeron durante legislaturas en las que ya se había procedido a una anterior designación de magistrados, algo que -a juicio de la Sala- está prohibido por la Constitución Política, por lo cual los nombramientos carecerían de valor.
La legislatura que concluyó el 30 de abril, en la que la izquierda tenía mayoría, eligió a cinco magistrados en 2009 y a otros cinco este año. También designó como fiscal al abogado Ástor Escalante -cercano a uno de los grupos en alianza con la izquierda gobernante-, elección también declarada ilegal por la Sala Constitucional.
En su fallo, la Sala ordenó que magistrados y fiscal fueran electos en la legislatura que asumió el 1 de mayo pasado, con mayoría de la derecha.
Pero los diputados desoyeron el fallo y elevaron el caso ante la Corte Centroamericana de Justicia, que en junio ordenó a la Sala Constitucional dejarlo sin efecto. La Sala declaró "inaplicable" el dictamen de la corte regional, argumentando que se trataba de un asunto interno.
Este viernes, el mandatario reconoció que "la única intervención" suya en el conflicto es seguir sosteniendo que la Corte Centroamericana "tiene jurisdicción" para pronunciarse en el diferendo.
Sin embargo, dijo que se reúne con políticos de diferentes sectores para buscar una solución a la crisis.