WASHINGTON.- General Motors y Chrysler, la primera y tercera empresa de automoción de EEUU, respectivamente, podrían aceptar acogerse a un concurso de acreedores a cambio de que el Congreso apruebe un plan de ayuda con dinero público, según informa la prensa de Estados Unidos.
De hecho, Chrysler, que es propiedad del fondo de capital-riesgo Cerberus, ya contrató hace varias semanas al bufete de abogados Jones Day para que prepare la documentación necesaria para suspender pagos, según ha informado la edición online del diario 'The Wall Street Journal'.
El equipo del presidente electo, Barack Obama, también ha contactado al menos a un experto en suspensiones de pagos para estudiar la posibilidad de que los grandes fabricantes de coches de EEUU adopten esa medida, según informa la agencia 'Bloomberg'.
Una suspensión de pagos en EEUU no es el final de una empresa, como suele suceder en España. Más bien lo contrario. La legislación estadounidense es benévola con las empresas que no pueden hacer frente a sus compromisos financieros y, cuando éstas se acogen al capítulo 11 de la Ley de Quiebras (que es el que regula los concursos de acreedores) tienen en la práctica un periodo de tiempo en el que disfrutan de una moratoria en el pago de la deuda mientras negocian con sus acreedores. En el caso de que la empresa se liquide—como ha sucedido recientemente con el banco de inversión Lehman Brohers—, se acoge al Capítulo 7 de la misma ley.
El recurso al Capítulo 11 es muy común en EEUU. La empresa de servicios petroleros Halliburton -que dirigió el actual vicepresidente, Dick Cheney, en los años noventa- colocó en 2003 a su subsidiaria KBR bajo la protección del capítulo 11 para no pagar una demanda colectiva de 325.000 personas afectadas por el uso de amianto en construcciones llevadas a cabo por esa compañía.
Gran parte de las líneas aéreas estadounidenses -como United Ailines, Northwest o Delta- ha suspendido pagos en los últimos años para reestructurar su deuda. Y en 1987, el gigante del petróleo Texaco realizó la misma operación en una batalla legal con su competidor Pennzoil, al que debía indemnizar con más de 10.000 millones de dólares (8.000 millones de euros).