El alto tribunal dictaminó que el Estado es responsable por la muerte violenta de los jóvenes en una aldea del sur del país en febrero de 2008, cuando fueron asesinados por soldados del Ejército que los hicieron pasar como combatientes de grupos guerrilleros.
Estas ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como “falsos positivos”, son asesinatos de civiles por parte de las fuerzas militares, quienes luego presentan a las víctimas como guerrilleros dados de baja en combate. Esta práctica se extendió durante el gobierno de Álvaro Uribe (2002-2010).
La suma estimada como indemnización deberá ser entregada a los familiares de los tres jóvenes, nacidos en la ciudad de Cali (suroeste).
Según se comprobó en el expediente del caso, los jóvenes fueron engañados por un ex guerrillero del ELN que los invitó a desenterrar una “guaca” (tesoro escondido), que estaba supuestamente en una finca de la zona rural de Ibagué (sur).
Al llegar al lugar, los soldados del Ejército atacaron con armas de fuego a los tres jóvenes y los asesinaron. Acto seguido, los presentaron como guerrilleros sospechosos de preparar un plan para secuestrar al dueño de la finca.
Finalmente, el tribunal ordenó que por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Jurídica del Estado, la decisión judicial sea conocida por el relator especial para las ejecuciones extrajudiciales de las Naciones Unidas, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.