El secretario de Justicia, Ken Clarke, no reveló ni el monto de las indemnizaciones ni la identidad de los ex presos con los que se alcanzaron estos acuerdos sujetos a confidencialidad, aunque informaciones de prensa hablaron de millones de libras en total e incluyeron entre sus posibles beneficiarios al etíope Binyam Mohamed.
"Puedo informar hoy a la Cámara (de los Comunes) que el gobierno ha aceptado una solución mediada de las demandas de daños y perjuicios civiles presentadas por presos detenidos en Guantánamo", dijo Clarke a los diputados.
"No se han hechos admisiones de culpabilidad en la obtención de estos acuerdos y ninguno de los denunciantes ha retirado sus acusaciones", agregó el ministro.
El gobierno británico siempre se ha declarado opuesto a la tortura. En julio, el primer ministro David Cameron anunció una investigación dirigida por un juez sobre las denuncias de que los servicios de seguridad británicos fueron cómplices de torturas que sufrieron presuntos extremistas violentos en el extranjero tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.
"Cuanto más tiempo continúen sin respuesta estas preguntas, mayor la mancha en nuestra reputación de país que cree en la libertad, en la justicia y en los derechos humanos", dijo entonces el primer ministro.
Sin embargo, la investigación estaba pendiente de una decisión sobre las demandas de indemnización civiles y Clarke dijo que la resolución de esta cuestión permitirá que pueda comenzar.
Las conclusiones deberían darse a conocer 12 meses después de su comienzo.
Otro motivo para llegar a este acuerdo era el dinero. El gobierno estimaba que tratar las demandas por vía judicial hubiera durado cinco años y costado al Estado entre 30 y 50 millones de libras (45-80 millones de dólares, 35-59 millones de euros).
También se considera probable que el gobierno decidiera que era mejor llegar a un acuerdo que correr el riesgo que de que salieran a la luz informaciones secretas en un juicio público.
En febrero, un tribunal británico divulgó documentos secretos que mostraban que Binyam Mohamed, residente legal en Gran Bretaña, sufrió un trato "cruel, inhumano y degradante" durante los interrogatorios a los que fue sometido por agentes estadounidenses.
La información fue hecha pública pese a las advertencias del gobierno de que este tipo de divulgaciones podrían dañar la relación con Estados Unidos y hacer que este país dejara de compartir inteligencia.
Binyam Mohamed fue arrestado en Pakistán en 2002, acusado por Estados Unidos de luchar con los talibanes. Fue movido entre Pakistán, Marruecos y Afganistán, antes de ser trasladado en septiembre de 2004 a Guantánamo.
Tras su liberación en 2009, sus abogados afirmaron que fue torturado, acusaciones respaldadas por defensores de los derechos humanos.
Clarke describió el nuevo acuerdo como "un paso significativo hacia adelante del gobierno para resolver estos temas", e indicó que tenía el respaldo de los dirigentes de los servicios de seguridad británicos.
El jefe del servicio británico de espionaje MI6, John Sawers, indicó el mes pasado que la tortura era "ilegal y repugnante en cualquier circunstancia y no tenemos nada que ver con ella".