AFP (Agencia France-Presse)
BUENOS AIRES. - El pacto de silencio entre acusados por delitos de lesa humanidad en el régimen militar argentino comenzó a mostrar fisuras por revelaciones del exdictador Jorge Videla que desencadenaron una serie de allanamientos en domicilios de exjefes castrenses, según analistas.
"Está pasando algo extraño, porque las declaraciones de Videla son diferentes a las anteriores. Esto trae incomodidades y rispideces entre los acusados", señaló a la AFP Julieta Parodi, dirigente de la organización Hijos de la provincia de Córdoba (centro), de hijos desaparecidos.
Videla, de 86 años, quien está detenido y purga dos condenas a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos, sostuvo por primera vez que en la dictadura fueron asesinados entre 7.000 y 8.000 opositores y añadió que los jefes de zona castrenses eran los que manejaban las listas de desaparecidos.
Unas 30.000 personas fueron desaparecidas en el régimen castrense, según las organizaciones de derechos humanos, que desde hace años reclaman que los militares enjuiciados den a conocer dónde están los cuerpos de los secuestrados.
El polémico testimonio de Videla, base del libro "Disposición final", del periodista Ceferino Reato, motivó que varios tribunales a cargo de juicios por delitos de lesa humanidad realizaran allanamientos en domicilios de exjefes castrenses, en los que se halló documentación cuyo contenido aún se investiga.
Uno de los domicilios allanados fue el del exgeneral Luciano Benjamín Menéndez en la ciudad de Córdoba, quien acumula siete condenas a cadena perpetua, y donde la policía retiró unas 30 cajas con documentos.
"Se secuestró mucho material el 24 de mayo en la casa de Menéndez. Muy posiblemente se encuentren cosas. Es muy importante lo que guardan. Las expectativas sobre el contenido son grandes, no desmesuradas", dijo a la AFP Claudio Orosz, abogado de la querella en un juicio al exmilitar en Córdoba.
Parodi señaló que durante el registro en la casa donde cumple arresto, Menéndez, de 89 años, "se sorprendió y se ofendió, como si aún estuviera en lugar de intocable".
Los dichos de Videla, detenido en una cárcel común y cuyo domicilio en Buenos Aires también fue allanado en abril pasado, generaron una de las escasas desavenencias públicas en tres décadas entre los responsables de las violaciones a los derechos humanos en la dictadura.
El exdictador aseguró que otro exjerarca militar, Santiago Omar Riveros, sabe dónde está el cuerpo del jefe de la disuelta organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (guevarista), Mario Roberto Santucho, asesinado por un comando castrense en 1976.
"Lo que hizo fue de cobarde. Pobrecito está mal asesorado. Me cabeceó (tiró) el muerto", se ofuscó Riveros al criticar a Videla, cuyas declaraciones levantaron sospechas de organismos humanitarios y analistas tras llevarse a cabo decenas de juicios por crímenes políticos.
El popular historiador y escritor Felipe Pigna dijo a la AFP que el libro de Reato "suena a un comunicado de Videla en forma de entrevista".
Pigna, autor de 'best sellers' como "Mujeres tenían que ser" y "Libertadores de América" y conductor de un programa de televisión, valoró la eventual aparición de listas de desaparecidos ya que los militares "siempre negaron que existieran", pero sostuvo que de todos modos no son necesarios esos documentos para comprobar las violaciones a los derechos humanos.
"El hallazgo de documentos no trae cambios sustanciales a nivel histórico o jurídico, porque el plan del terrorismo de Estado está comprobado" en los juicios, indicó Pigna.
Actualmente se celebran 14 juicios orales por delitos de lesa humanidad en 12 ciudades de Argentina, mientras que desde 1983 fueron condenadas más de 200 personas, la mayoría a partir de 2010, según datos oficiales.
Desde que se realizó el histórico Juicio a las Juntas en 1985, en el que fueron condenados a prisión de por vida el exdictador Videla y otros comandantes, los militares responden ante los tribunales que nada saben sobre lo que pasó con los desaparecidos.