Hora de balance para las jurisdicciones gacaca sobre genocidio en Ruanda
AFP, Agence France-Presse
Los tribunales populares o jurisdicciones gacaca, encargados de juzgar a la mayoría de los presuntos autores del genocidio de 1994 en Ruanda, están a un paso de terminar su trabajo tras haberse pronunciado durante cinco años sobre más de un millón de sospechosos.
Inspirados en las antiguas asambleas en las que los sabios de la aldea solucionaban los diferendos sentados sobre el césped (gacaca en idioma ruandés y que se pronuncia "gachacha"), esos tribunales debían permitir hacer justicia y contribuir a la reconciliación después del genocidio.
La iniciativa, única en su género, fue criticada en su tiempo por organizaciones de defensa de los derechos humanos, que reprochaban a los gacaca no respetar las normas judiciales internacionales.
Para el gobierno no había otra solución, dado el enorme número de personas implicadas en el genocidio.
Los primeros procesos, presididos por jueces no profesionales elegidos en las colectividades locales, comenzaron en marzo de 2005. El sistema reposa esencialmente en las confesiones de los culpables que, cuando son detalladas, permiten reconstituir el desarrollo de las matanzas.
Para el ministro de Justicia, Tharcisse Karugarama, esos tribunales populares "pusieron fin a la cultura de la impunidad".
"En los campos, las víctimas y los asesinos, o por lo menos sus allegados, viven en paz. Es la señal de que los gacaca funcionaron", aseguró Karugarama, que acepta que la reconciliación es larga y "quizás no perfecta".
En cada barrio, en cada colina "los gacaca ayudaron a hacer emerger la verdad", estima el ministro.
"Se liberó la palabra", constató la ONG Penal Reform International (PRI), que se felicitó de "la aprobación (por las poblaciones) del arreglo del contencioso del genocidio".
De manera más prosaica, los gacaca también permitieron descongestionar las prisiones ruandesas, superpobladas e insalubres, y mejorar las condiciones de detención.
Casi 58.000 personas están detenidas actualmente (de las cuales 34.000 por hechos relacionados con el genocidio) en lugar de 143.000 en 1998.
"Hay elementos positivos: una parte de la verdad surgió claramente sobre la planificación" del genocidio, estimó Theodore Simburudali, presidente de Ibuka, principal asociación de sobrevivientes.
Se descubrieron numerosas fosas comunes gracias a las confesiones de los sospechosos, contribuyendo así a un trabajo de duelo.
Los gacaca "desempeñaron su papel acelerando el ritmo de los procesos", según Simburudali, que sin embargo criticó las dificultades legales, cuando por ejemplo había jueces que estaban acusados "de ser allegados a familias de criminales".
"Pero no podemos castigar a todo el mundo (...) Víctimas y culpables, necesitamos vivir juntos", concluyó.
Sin embargo, la ONG PRI lamenta la aceleración del ritmo de los procesos a partir de 2008, y su impacto negativo "sobre la serenidad de los debates".
Por su parte, Human Rights Watch (HRW) estima que las autoridades utilizaron los gacaca para acallar a los opositores "acusándolos falsamente de complicidad de genocidio".
"Algunos critican todo lo que hacemos", replica el ministro de Justicia, "pero aparte de una amnistía general de los autores del genocidio, esa gente nunca nos ha mostrado una alternativa mejor para gestionar un número tan grande de procesos".