Esta decisión favorable a los cerca de 3.000 miembros seminómadas de la etnia de los Chilcoins podría servir de apoyo a reivindicaciones similares actualmente suspendidas, afectando de paso a numerosos proyectos de explotación de materias primas.

Esta decisión pone término a una saga judicial de 20 años que se inició cuando el gobierno de la provincia de Colombia Británica, en el oeste canadiense, había otorgado en 1983 un permiso comercial de talar madera en territorios que los Chilcoins consideraban su territorio ancestral.

El gobierno federal de Ottawa y el provincial rechazaban dicha propiedad pero el jueves la Corte Suprema consideró que en aquella época las autoridades debían de haber consultado primero a los responsables de la comunidad.

Esta victoria judicial no significa que los pueblos autóctonos tengan derechos absolutos sobre el territorio, sin embargo les garantiza que no se llevarán a cabo emprendimientos económicos sin su consentimiento a menos que se "demuestre un objetivo público real e imperioso" y se indemnice a los afectados.