Este foro, que se extenderá hasta el martes próximo y es organizado por Naciones Unidas y la Universidad Nacional de Colombia, tiene como principal objetivo recolectar diversas intervenciones y conclusiones, que serán remitidas el 20 de mayo a las dos delegaciones negociadoras en Cuba.

"Es vital que representantes de la sociedad civil y partidos políticos se sientan responsables de este proceso", declaró Fabrizio Hochschild, coordinador residente de Naciones Unidas en Colombia.

Representantes de organizaciones campesinas, indígenas, mujeres, afrodescendientes, partidos políticos, universidades y comunidades de homosexuales, entre otros, dieron inicio al evento en el centro de convenciones 'Gonzalo Jiménez de Quesada' (sureste de Bogotá).

"Esta es la oportunidad de que las víctimas seamos escuchadas y propongamos ideas para solucionar nuestro drama", dijo a la AFP, Ana Rosa Ríos, líder afrocolombiana de un grupo de mujeres desplazadas por paramilitares del departamento (provincia) de Chocó (oeste y fronterizo con Panamá).

Ya en diciembre la ONU y la Universidad Nacional organizaron un foro en Bogotá sobre desarrollo rural, primer punto de la agenda, que aún se encuentra en discusión.

Por su parte, Antonio Navarro, exmilitante de la guerrilla Movimiento 19 de Abril (M-19) que dejó las armas hace 20 años, consideró que "este foro da la oportunidad para que la sociedad civil se integre al proceso de paz y se haga oír en Cuba y el mundo".

"Actualmente Colombia tiene condiciones para la participación política (de exguerrilleros), sin embargo es necesario mejorar las garantías electorales y la financiación de campañas", dijo a la AFP Navarro, quien tras un proceso de paz en 1990 con el M-19, se ha desempeñado como ministro, gobernador, alcalde y congresista.

Este foro tiene planeado además abordar durante tres días los casos de transición de grupos armados a fuerzas política en Sudáfrica, Filipinas, Uruguay y El Salvador; y la participación política, social y ciudadana, así como de los medios de comunicación en la construcción de la paz.

"El proceso que se va a firmar en Cuba, además de incluir el desarme, confesión de delitos, penas carcelarias, indemnización a las víctimas, debe ofrecer garantías para la inclusión en la política local", estimó Iván Cepeda, parlamentario del izquierdista y opositor Polo Democrático Alternativo.

"Es necesario la democratización del acceso a los medios de comunicación colombianos, así como crear garantías para que nunca más se vuelva a repetir un exterminio similar al ocurrido contra la Unión Patriótica (UP, partido de izquierda)", agregó Cepeda, hijo de un congresista de la UP, asesinado en Bogotá en 1994.

Colombia tiene amargas experiencias de crímenes políticos relacionados con procesos de paz, en particular en los años ochenta, cuando fueron asesinados más de mil dirigentes, militantes y simpatizantes de la UP -originado de un diálogo con las FARC-.

Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), la principal guerrilla de Colombia y con unos 8.000 combatientes en la actualidad, negocia desde noviembre del 2012 en Cuba con el gobierno colombiano un proceso de paz, con el apoyo internacional de Noruega, Cuba, Venezuela y Chile.

Además, de la participación política de guerrilleros de las FARC, los otros puntos de la agenda de La Habana son drogas ilícitas, abandono de las armas, víctimas y desarrollo agrario.

El conflicto armado de Colombia, en el que también han participado otras guerrillas de izquierda, grupos paramilitares de derecha y organizaciones de narcotraficantes, ha dejado más de 3,7 millones de desplazados, 600.000 muertos y 15.000 desaparecidos a lo largo de casi 50 años.