Una foto de 2009, publicada recientemente por la prensa española, en la que se ve al presidente del gobierno regional de la época, Francisco Camps, y a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, sonrientes en un auto Ferrari, recuerda los años de opulencia de esta región de la costa mediterránea.
Entonces, ambos se congratulaban de haber negociado la llegada del Gran Premio de Fórmula 1, después de haber acogido la Copa del América de vela.
"En un momento determinado, se decía que la comunidad valenciana podía ser la California de Europa", recuerda Miguel Angel Vera, un responsable local del sindicato Comisiones Obreras.
"Nos decían que éramos los primeros en casi todo, entonces hemos tenido grandes eventos, como la visita del Papa (en 2006), la Fórmula 1... se ha vivido en un mundo virtual", afirma por su parte Conrado Hernández, secretario general de la Unión General de Trabajadores en la región.
Durante años, la comunidad valenciana se benefició de la burbuja inmobiliaria española construyendo a toda marcha.
"Había un tejido productivo valenciano tradicionalmente exportador, pero se había reorientado totalmente hacia el sector inmobiliario", explica Juan Sapena, director del Instituto de Estudios Empresariales de la Universidad de Valencia.
Desde entonces, Camps tuvo que dimitir para someterse a un juicio por corrupción del que acabó siendo absuelto.
Otras dos grandes investigaciones por corrupción siguen abiertas sobre la financiación de la derecha local.
Pero sobre todo, en 2008 estalló la burbuja inmobiliaria.
Esta comunidad autónoma, que había sido uno de los pesos pesados de la economía española, carga ahora con una deuda pública de 20.500 millones de euros, un 19,9% de su PIB, la proporción más elevada del país.
Sus problemas de liquidez quedaron dramáticamente en evidencia cuando en las últimas semanas los alumnos de varias escuelas públicas tuvieron que ir a clase con gorros y bufandas porque la calefacción había sido cortada a falta de pago.
Para sanear sus cuentas, la región anunció el 5 de enero una subida de impuestos y recortes en las empresas públicas, la salud y la educación, por valor de 1.100 millones de euros.
La respuesta social no se hizo esperar y varias manifestaciones reunieron a decenas de miles de personas en las principales ciudades de la región en enero y febrero.
Una nueva protesta, organizada este sábado, tendrá un carácter más simbólico. Los sindicatos llamaron a manifestar frente al aeropuerto de Castellón, los estudios cinematográficos "Ciudad de la Luz" de Alicante, el parque de atracciones Terra Mítica de Benidorm y el centro de congresos Ágora de Valencia.
"Son cuatro símbolos de la forma de malgastar el dinero público", explica Vera.
El aeropuerto, inaugurado hace casi un año, aún no tiene aviones y los estudios de cine, el parque de atracciones y el Ágora son poco utilizados.
"Se ha vivido por encima de las posibilidades que se tenían, no los ciudadanos sino el gobierno", denuncia.
Ante unas construcciones que costaron millones de euros, es difícil aceptar las medidas de austeridad.
"En educación, puede haber despidos de 3.000 personas entre maestros y profesores de secundaria", afirma Vera, "es un deterioro del sistema público de educación, y es lo mismo en sanidad", los dos sectores más afectados por el rigor.
"El rechazo social que hay sobre estas medidas es muy grande, porque la gente está harta, siempre pagamos los mismos", lamenta Hernández. "Hay otras maneras de poder recortar", asegura.