"Se llegó a un acuerdo con el Gobierno y hoy pondremos fin a la protesta", dijo a dpa Pir Zubair Kasrui, secretario de información del movimiento radical islamista Tehreek Labaik Ya Rasool Allah.
Tras la dimisión del ministro, "nuestros líderes harán un anuncio en breve para poner fin a la protesta", señaló. En la primera hora de la tarde (local) todavía no se había levantado totalmente el bloqueo.
La polémica surgió a raíz de la decisión de Hamid de cambiar el juramento que los parlamentarios tienen que hacer al tomar posesión del cargo, algo que los islamistas consideran una blasfemia.
El texto fue rápidamente modificado, pero los manifestantes bloquearon en señal de protesta una de las principales vías de acceso a Islamabad, lo que generó un gran caos circulatorio que afectaba a cientos de miles de personas que a diario se desplazan a la ciudad por trabajo.
Según argumentaron, Hamid tomó la decisión de cambiar el juramento para favorecer a la minoría religiosa de la comunidad Ahmadía. Los ahmadíes aseguran que son musulmanes, pero el Parlamento de este país musulmán les prohibió ya en 1974 declararse como tales.
Tras un intento frustrado de desalojar a los manifestantes el sábado, el Gobierno accedió en la madrugada de hoy a cumplir con las peticiones de los islamistas.
Los seis puntos del acuerdo con los manifestantes, al que dpa tuvo acceso, prevén que haya "una investigación judicial" centrada en los responsables del cambio de juramento. Asimismo, los manifestantes que hayan sido detenidos serán puestos en libertad y las causas que se han abierto en su contra se archivarán.
Además, el Estado, según el acuerdo, correrá con todos los gastos generados por los daños de la manifestación y de los enfrentamientos.
El sábado, unos 8.000 policías y efectivos paramilitares intentaron desalojar el bloqueo que desde el 8 de noviembre mantenían cientos de miembros del movimiento islamista. Emplearon cañones de agua, gas lacrimógeno y balas de goma. Los manifestantes lanzaron piedras, encendieron coches y neumáticos. Seis personas murieron y cerca de 200 resultaron heridas. Por temor a que se agravara la situación, se interrumpió el desalojo.
La religión es un factor de peso en Pakistán y las imágenes de televisión del operativo policial hicieron que más manifestantes acudieran en masa a la ciudad. También en otras grandes ciudades del país hubo protestas. El Gobierno ordenó el desplazamiento del Ejército al lugar, pero también era reticente a actuar.
Entre los manifestantes imperaba hoy la satisfacción. "Hemos ganado. Nadie puede batir a los seguidores del profeta", dijo Anees Ravi, uno de ellos. "Hemos demostrado que nadie en Pakistán puede hacer algo que está contra el islam", agregó otro de los presentes, Asad Guetar.
Representantes de la comunidad Ahmadía no quisieron pronunciarse hoy sobre la situación. Según señalan, desde 1984 han sido asesinados 260 ahmadíes. El director del Instituto de Estudios para la Paz, Amir Rana, señaló que la situación de esta minoría es crítica. En su opinión, lo ocurrido es una señal de alerta de "todo lo que podría suceder tras décadas de radicalización".
Numerosos analistas políticos coincidían hoy en señalar que, con el acuerdo con los extremistas religiosos, el Gobierno ha debilitado el poder del Estado y, según el politólogo Rasool Baksh Raaees, ahora no es creíble.
El analista político Saad Mohammed dijo que el caso tendrá "enormes consecuencias". "Se trata de un final muy decepcionante. El Estado tiene tan poco poder, que 2.000 personas pueden hacer que se arrodille y le dicten cualquier acuerdo", señaló. Y eso no es más que el principio, apostilló Mohammed.
"Veo más inseguridad en el Estado. Esa gente exigirá más y nadie, ni siquiera las Fuerzas Armadas, tiene la voluntad de hacerles frente", destacó.