Durante una audiencia en los tribunales del sur de Manhattan, Griesa no dio lugar al pedido de los abogados de Argentina para suspender la aplicación de su fallo, una decisión esperada.

Al final de la audiencia, el mediador designado por Griesa, Daniel Pollack, convocó a una nueva reunión entre las partes el miércoles por la mañana para buscar una solución al conflicto, a días de un vencimiento que de no ser cubierto podría llevar al Argentina a una nueva cesación de pagos.

"Una quiebra es la peor cosa. No quiero eso. La gente sufrirá las consecuencias; no los (fondos especulativos) buitres, gente de verdad sufrirá las consecuencias", dijo Griesa a las partes.

"Espero que las partes trabajen de manera continua. No hay mucho tiempo (...). Lo más importante es evitar una quiebra al final de julio. Creo que puede haber una solución", afirmó el magistrado, en un inusual tono conciliador buscando acercar posiciones.

Griesa emitió una orden el pasado 27 de junio para impedir a Argentina pagar un tramo de su deuda reestructurada con fondos enviados a bancos en Nueva York, luego de fallar que el país debe cancelar al mismo tiempo sus obligaciones con NML Capital y otros fondos especulativos por un monto total de 1.330 millones de dólares.

Esos fondos, que Buenos Aires llama "buitres", compraron bonos en default y luego litigaron para cobrar el 100% del valor más intereses atrasados, rechazando entrar en los canjes de deuda efectuados por Argentina en 2005 y 2010 con quitas de hasta un 70% sobre el valor nominal y que tuvieron una aceptación del 92,4% de los acreedores.

- Nuevo pedido argentino -

Con el fallo de Griesa firme tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos de no asumir el caso, Argentina giró el 26 de junio al Bank of New York Mellon (BoNY) el pago que los tenedores de bonos reestructurados debían percibir hacia fines del mes pasado, 539 millones de dólares que el juez bloqueó.

De no realizarse ese pago antes de que venza el plazo de gracia el 30 de julio, el país entraría en una quiebra técnica, diferente al colapso total de fines de 2001 pero de consecuencias imprevisibles para su economía.

El país se ha autoexcluido de los mercados de capitales tras el default y las necesidades de financiamiento del gobierno se cubren en buena medida gracias a una política comercial que prioriza el superávit.

En esta carrera contrarreloj, el gobierno argentino insistió el martes ante Griesa para suspender la aplicación de la sentencia, aunque volvió a chocar con la negativa del magistrado.

"Necesitamos el 'stay', la suspensión de la orden de ejecución de la sentencia", dijo en Buenos Aires el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, mientras en Nueva York el abogado Jonathan Blackman formulaba el pedido en persona ante el magistrado.

La suspensión de la sentencia "es necesaria con el objeto de la no aplicación de la cláusula RUFO" de los canjes de 2005 y 2010, que le impide al país mejorar antes de fin de año la oferta que recibieron los acreedores que aceptaron cambiar sus bonos, so pena de tener que igualar los pagos.

"Queremos negociar un acuerdo con todo el mundo", dijo el letrado Blackman a Griesa, indicando sin embargo que con las discusiones contrarreloj el juez ha logrado "crear una presión artificial". La complejidad del tema hace que una solución "simplemente no puede ser lograda hacia fin de mes", añadió.

- Dinero para bonistas en Nueva York -

El mediador Daniel Pollack, un abogado estadounidense, ha intentado acercar a las partes pero hasta el momento no ha logrado avances, según las declaraciones públicas de Argentina y los fondos.

En la audiencia del martes, Griesa debía responder a "mociones de aclaración" sobre su decisión de bloquear el pago de bonos reestructurados presentadas por BoNY y otras entidades financieras que efectúan la transferencia de ese dinero a acreedores.

El juez aconsejó al Bank of New York retener los 539 millones de USD depositados en Estados Unidos por Argentina a la espera de una posible solución.

Las partes pidieron al juez precisiones sobre qué hacer con los montos depositados por Argentina, ya que se encuentran ante el riesgo de incumplir cláusulas contractuales con los bonistas.