La ley ahora cuestionada fue aprobada en octubre de 2011 por el oficialista Frente Amplio (izquierda) con la meta de derogar de hecho una norma de 1986 que frenó durante años los juicios a militares por violaciones de los derechos humanos, y cumplir con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que ordenó a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura.
"Lo que la Corte hace es declarar inaplicables dos artículos en un caso concreto. Ahora los jueces dirán de qué modo esa declaración de la Corte incide en cada proceso", explicó a la AFP Raúl Oxandarabat, vocero de la SCJ.
Los artículos cuestionados declaraban los delitos cometidos en aplicación del terrorismo de Estado hasta el 1º de marzo de 1985 "crímenes de lesa humanidad de conformidad con los tratados internacionales" y afirmaba que "no se computará plazo alguno, procesal, de prescripción o de caducidad" para su juzgamiento.
Según el vocero, "las vías por las que se puede seguir investigando son múltiples" pero los jueces no podrán aplicar esos artículos para procesar a implicados en violaciones de derechos humanos.
De hecho, "se vuelve a la situación anterior, cuando hubo jueces que usaron otras leyes" para procesar a militares y civiles por estos delitos, añadió.
La Corte justificó su decisión en que la cuestionada ley viola el principio de no retroactividad establecido en la Constitución.
Tras la difusión de la decisión judicial, el gobernante Frente Amplio (FA), la central sindical Pit-Cnt y la agrupación Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos convocaron a una concentración en silencio para el próximo lunes, "por verdad y justicia".
La dictadura militar uruguaya dejó como saldo 180 desaparecidos confirmados, según las autoridades locales, la mayoría desaparecidos en Argentina.
Juan Errandonea, abogado promotor de varias causas de derechos humanos, dijo a la AFP que la decisión "no sorprende, era una cosa bastante previsible por el comportamiento de la Corte en los últimos tiempos".
"Ahora hay que estudiar la decisión para ver dónde quedan paradas todas las causas", señaló.
- Rispideces con el gobierno -
La decisión de la Corte se produce una semana después que el máximo órgano judicial trasladara a la órbita civil a una jueza penal a cargo de decenas de casos de violaciones de derechos humanos en la dictadura, decisión que despertó controversias y manifestaciones contra la independencia del Poder Judicial en Uruguay.
La jueza Mariana Mota tenía a su cargo más de 40 causas de delitos de lesa humanidad.
Una comisión legislativa convocó a los ministros de la SCJ para que explicaran su decisión, pero la SCJ decidió este viernes "declinar" la invitación.
Macarena Gelman, robada en 1976 de bebé durante el cautiverio de su madre argentina en Uruguay y que recuperó su identidad en el año 2000, dijo que ambas decisiones le generan "la duda sobre la independencia en general" de la Corte, en declaraciones a canal 10.
Gelman fue quien llevó su caso ante la Corte IDH, que condenó a Uruguay en 2011, y señaló que ahora llevará la decisión de la Suprema Corte ante ese tribunal.
También el diputado oficialista Luis Puig, dijo al diario El País que promoverá la denuncia de la SCJ ante la Corte IDH.
En tanto, el Movimiento de Participación Popular (MPP) rechazó la sentencia, acusando a la SCJ de ser "responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay" y dijo que recorrerá los "caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la SCJ en las decisiones adoptadas".
"La Cámara de Diputados puede pedirle al Senado un juicio político", sostuvo la senadora de esa fuerza política Lucía Topolansky, esposa del presidente José Mujica.
Para convocar a un eventual juicio político se requieren mayorías especiales en el Parlamento; el FA tiene una ajustada mayoría en ambas cámaras.
Desde la oposición, el senador del Partido Nacional Jorge Larrañaga consideró ese planteo "una gran equivocación" y cuestionó lo que consideró "presiones sobre el Poder Judicial".
"Lo que hay que hacer con el fallo es respetarlo de manera absoluta. (La SCJ) es el órgano competente y actuando dentro de sus funciones", dijo al diario El Observador.