Con el ánimo de atacar las causas de la reciente crisis económica, Estados Unidos pone orden así en su sector financiero y, de esa forma, envía un mensaje tranquilizador al resto del mundo.
"Las nuevas reglas serán un modelo de salvaguarda que puede proteger a todas las naciones", ha declarado Obama tras conocer el histórico compromiso conseguido después más de 20 horas de una ininterrumpida sesión de trabajo que resume el esfuerzo titánico que se ha requerido para llegar hasta aquí. Congresistas, miembros del Gobierno y lobbystas de los bancos concluyeron poco antes de la seis de la mañana una épica batalla que comenzó hace un año y en la que han entrado en juego intereses políticos y económicos de trascendencia vital. Nunca antes las entidades financieras habían hecho un esfuerzo semejante en la defensa de su causa. Nunca antes una Administración había llegado tan lejos en su enfrentamiento con Wall Street. El público, todavía herido por los efectos de la crisis, ha asistido a esta guerra con pasión y complacencia.
¿Quién la ha ganado finalmente? ¿Es esta reforma la que se necesitaba o solo la única posible? Obama ha dicho que el texto que surge de la conferencia de conciliación -el trámite legislativo en el que se funden las leyes diferentes anteriormente aprobadas por el Senado y la Cámara de Representantes- recoge el 90% de sus propuestas iniciales. "Es una ley dura, más dura de lo que todo el mundo predijo y, francamente más dura de lo que yo mismo esperaba", ha manifestado el presidente del comité de Asuntos Financieros de la Cámara, Barney Frank.
Una ley más dura de lo esperado
Frank no es un personaje predispuesto a las componendas. Miembro del ala izquierda del Partido Demócrata, ha impulsado tercamente desde el primer día la versión más drástica de la reforma. Con justicia, la nueva ley, que la próxima semana debe de ser votada otra vez por los plenos de ambas cámaras, llevará su nombre y el de su homólogo en el Senado, Christopher Dodd, que es quien ha llevado el mayor peso a la hora de encontrar soluciones intermedias en los asuntos más difíciles.
En términos generales, esta legislación pretende reducir riesgos, aumentar la vigilancia de las transacciones financieras más opacas y proteger a los ciudadanos de las aventuras emprendidas por las firmas de inversión. Para ello se aumentan los poderes de las autoridades reguladoras y se crean nuevos instrumentos de control.
El secretario del Tesoro, Tim Geithner, ha asegurado que la ley consigue el doble objetivo de defender a la sociedad sin perjudicar los negocios hechos de forma apropiada. "Ofrecerá a las familias", ha dicho, "la protección que merecen, ayudará a mejorar su seguridad financiera y, al mismo tiempo, da a las empresas el acceso al crédito que necesitan para expandir e innovar".
Como vara de medir la contundencia de la reforma se han tomado en la recta final de la negociación dos puntos de la ley: la llamada regla Volcker y el mercado de derivados. El primer aspecto, que se conoce con el nombre del antiguo presidente de la Reserva Federal y actual asesor económico de Obama, Paul Volcker, alude a la propuesta de la Casa Blanca de prohibir por completo a los bancos invertir su propio capital, no el de sus clientes, en fondos de riesgo o en compañías que no son de cotización pública. Este fue una de los principales blancos de los ataques de los bancos, que obtienen una parte significativa de sus beneficios por este medio. El acuerdo al que se ha llegado no prohíbe por completo esa actividad pero la limita al 3% de su capital reconocido por los reguladores y por una cantidad que no sobrepase tampoco el 3% del fondo en el que se pretenda invertir.
La otra gran pugna que se mantuvo hasta el último minuto fue sobre los derivados. La senadora Blanche Lincoln pretendía impedir la participación de los bancos en el mercado de ese complejo producto, que permite inversiones sobre resultados potenciales, con gran riesgo, alta rentabilidad y nula productividad. La ley pactada, que por primera vez regula ese mercado hasta ahora anárquico, obliga a los bancos que quieren acceder a los derivados a crear entidades paralelas con capitalización separada y aprobación de los reguladores.
Se crea, en suma, un nuevo sistema, cuya verdadera repercusión se comprobará dentro de algún tiempo pero que, al menos, refleja una voluntad universal de frenar los abusos. La Bolsa de Nueva York, tímidamente a la baja poco después del mediodía, parecía también alerta y cautamente a la espera de los nuevos tiempos

Algunas de las medidas pactadas en la reforma

-Se crea la Agencia de Protección al Consumidor, para detener las prácticas crediticias e hipotecarias abusivas de las compañías. Buena parte de las pérdidas procedentes de las hipotecas subprime se debieron a los préstamos fraudulentos a clientes que no podían devolver sus préstamos.
-Aumentará el control sobre los mercados financieros. Nace el Consejo Regulador, que reunirá a varios dirigentes de distintos organismos financieros. La Reserva Federal se responsabilizará, con toda probabilidad, de conceder algunos préstamos.
-Las autoridades regulatorias se dotan de nuevos poderes que las permiten dirigir la liquidación ordenada de firmas en apuros (como Citibank). Se espera que actúen sobre las entidades más potentes, técnicamente denominadas demasiado grandes para caer, que han empujado a otras grandes firmas a la bancarrota cuando más golpeaba la crisis. El riesgo aquí es evitar que su colapso sature el sistema financiero.
- Límite del 3% a las inversiones de los bancos en los fondos de alto riesgo y en los fondos de capital-riesgo.
-Los grandes bancos requerirán que aumente la cantidad de capital procedente de los accionistas, dinero que utilizarán ante posibles préstamos incobrables. Este requisito sólo entrará en vigor a los cinco años, ya que un rápido incremento de capital puede empobrecer la capitalización de las entidades y provocar un retroceso en los préstamos