Miles de manifestantes se reunieron este domingo ante la Casa Blanca en Washington, en Nueva York en un parque a la vista de la Estatua de la Libertad, en Boston (noreste) y en otras ciudades y aeropuertos del país.
El presidente no hace sino aplicar sus promesas de campaña, señaló su portavoz, Sean Spicer, aludiendo a la firma durante toda la semana de decretos sobre la salud, la inmigración clandestina, la lucha contra el yihadismo o el petróleo.
Pero la decisión de Trump de cerrar las fronteras de forma selectiva, pese a no ser tan amplia como su promesa de campaña de prohibir la entrada a todos los musulmanes, ha provocado la mayor conmoción desde su investidura.
El decreto, que entró en vigor el viernes, prohíbe el ingreso durante 120 días en Estados Unidos de todos los refugiados, sea cual sea su origen, y durante 90 días a ciudadanos de siete países de mayoría musulmana: Irak, Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen.
Como resultado, 109 personas han sido detenidas desde el viernes a su llegada a Estados Unidos, aunque tuvieran una visa válida. Tras la intervención el sábado de una jueza federal de Nueva York, la mayor parte de ellos fue autorizada a entrar al territorio, pero la constitucionalidad del decreto aún no ha sido cuestionada.
Pero el decreto sigue en vigor en el resto del mundo, y las aerolíneas rehúsan embarcar a los ciudadanos de los siete países alcanzados por la medida, aunque posean una visa en regla.
 

- Críticas políticas -

 
En Estados Unidos, la oposición demócrata pidió que se retire el decreto antiinmigración y denunció su carácter contrario a los valores estadounidenses y su ineficacia en la lucha contra la amenaza yihadista.
No hará sino "estimular a quienes pretenden perjudicarnos", advirtió el jefe de los demócratas del Senado, Chuck Schumer.
En el partido Republicano, mayoritario en el Congreso, pocos legisladores se han expresado espontáneamente para defender al presidente. Un puñado de legisladores de ese partido ha condenado total o parcialmente el decreto de Trump, entre ellos los senadores conservadores John McCain y Lindsey Graham.
"Desgraciadamente, tememos que este decreto nos debilite en la lucha contra el terrorismo", indicaron ambos conservadores, que advierten además que los aliados de Washington en la lucha contra el grupo Estado Islámico son mayoritariamente musulmanes.
"Los tribunales juzgarán si (Trump) ha ido demasiado lejos", comentó por su parte con prudencia este domingo Mitch McConnell, jefe de la mayoría del Senado en la cadena ABC.
Será en efecto ante la justicia donde se decidirá la suerte del decreto. El fallo de urgencia dictado por la jueza de Nueva York se añadió a otros tres que bloquean las expulsiones, si bien ninguno hace referencia a la constitucionalidad o no de la decisión presidencial.
"Esto acabará probablemente ante el Tribunal Supremo", predice Anthony Romero, director de la poderosa Unión estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), en la cadena CNN.
Por su parte la Casa Blanca defiende que se trata de un acto para "no dejar que se infiltre gente que pretenda perjudicarnos", afirmó el portavoz Spicer.
El ejecutivo tendrá que defenderse también de una acusación de discriminación religiosa. Tras el periodo de 120 días el decreto estipula que se dará prioridad a los refugiados perseguidos a causa de su religión, una frase que apunta implícitamente a proteger a los cristianos de Siria y de Irak.
El presidente no ha dejado ninguna duda respecto a esta preferencia. "Los cristianos de Oriente Medio han sido ejecutados en masa. ¡No podemos permitir que ese horror se perpetúe!", escribió este domingo en Twitter.
 

- Indignación internacional -

 
Irán es hasta ahora uno de los países más afectados por la gran cantidad de iraníes que tienen visas de trabajo o de estudios de Estados Unidos. Teherán, en respuesta, ha instaurado medidas similares contra los estadounidenses, y el cineasta iraní Asghar Farhadi, nominado a los Óscars, anunció que no acudirá a la ceremonia que se celebra en febrero en Los Ángeles y denunció las restricciones impuestas por Trump.
Entretanto, las oleadas de indignación atraviesan el mundo musulmán, y la Liga Árabe denunció este domingo como "restricciones injustificadas" las prohibiciones impuestas por la administración estadounidense.
En Europa, el presidente francés François Hollande y la canciller alemana Angela Merkel se sumaron a las críticas. Según un portavoz, Merkel explicó al presidente Trump las obligaciones que marca la Convención de Ginebra sobre la acogida de refugiados, en su conversación telefónica del sábado.
Canadá, por su parte, indicó que había recibido garantías de Washington de que los ciudadanos canadienses que tengan también algunas de las nacionalidades de los países incluidos en el decreto, no quedan afectados por la prohibición, según la oficina del primer ministro Justin Trudeau.