Este anuncio, que sorprendió a los observadores, ilustra el caos que reina en Libia, cuya capital Trípoli está controlada por una coalición de milicias, Fajr Libya, y su segunda ciudad, Bengasi, es escenario de violentos combates entre otra milicia y los islamistas.

El Parlamento libio replicó y anunció el jueves que rechaza la sentencia, afirmando que esta decisión había sido tomada "bajo la amenaza de las armas".

"La Cámara de Representantes rehúsa la sentencia pronunciada en estas condiciones, y afirma que continuará sus trabajos", indicó una declaración oficial difundida en directo por la televisión libia.

En ese comunicado leído por el diputado Adam Abu Sakhra, el Parlamento afirma que Trípoli, donde está la Corte Suprema, "es una ciudad fuera de control y gobernada por milicianos fuera de la ley". 

La cámara, refugiada en Tobruk (este), no fue reconocida por los islamistas en el poder en la capital Trípoli, donde instalaron un gobierno paralelo al oficial.

"Los diputados no van a reconocer un veredicto decidido bajo la amenaza de las armas" había advertido el diputado Isam Al Jehani en su página Facebook.

En su veredicto, leído por su presidente Kamal Al Dahan, la Corte también se pronunció, contra todo pronóstico, sobre otro recurso que cuestionaba una enmienda a la Constitución que condujo a las elecciones del  25 de junio y, de hecho, anuló estos comicios y todas las decisiones tomadas desde entonces.

La decisión de la Corte es definitiva y tiene efecto inmediato. No hay posibilidad de recurso.

- Milicianos festejan "victoria" -

Los milicianos de Fajr Libia, que instalaron ese gobierno paralelo, festejaron tras la sentencia su "victoria", constató un fotógrafo de la AFP en Trípoli, donde estalló un concierto de kláxones y disparos.

Esas milicias, que le negaban la legitimidad al Parlamento recién invalidado, tomaron el control de la capital en agosto, después de semanas de combates. 

El Parlamento ahora invalidado, que debía tener su sede en Bengasi, estaba controlado por los antiislamistas. Desde su elección tuvo que reunirse en Tobruk al considerar que su seguridad no podía estar garantizada en Bengasi, escenario de violencias cotidianas.

Basándose en estas consideraciones geográficas, el diputado islamista Abderrauf Al Manai -que, como otros diputados, boicotea el Parlamento- justificó su recurso, alegando que la cámara no había respetado la Constitución provisional, que estipula que debía tener su sede en Bengasi.

La mayoría de los diputados que boicotean el parlamento apoyan a Fajr Libya, cuyo gobierno paralelo es conocido por sus simpatías islamistas. Entretanto, el Parlamento saliente antes de las elecciones de junio, el Congreso General Nacional (CGN), siguió funcionando.

En una reciente entrevista con la AFP, el jefe de ese gobierno paralelo, Omar al Hasi, pidió la celebración de unas nuevas elecciones legislativas para poner fin a la anarquía reinante desde la caída del régimen de Muamar Gadafi en 2011.

Pero como Libia tiene desde principios de septiembre dos gobiernos y dos parlamentos, parece difícil organizar nuevas elecciones legislativas.

La decisión de la Corte Suprema coloca en situación complicada a la comunidad internacional, que reconoció el parlamento ahora invalidado y el gobierno que formó, y rechazaba cualquier relación con el gobierno paralelo establecido en Tripoli.