El Parlamento Europeo, reunido en sesión plenaria en Estrasburgo (Francia), dio luz verde a esta legislación pionera en el continente, que empezará a aplicarse dentro de dos años y que tiene desde 2008 un precedente en Estados Unidos.
La ley, negociada arduamente durante dos años en el seno de la UE, prohíbe el comercio de madera y sus productos derivados, incluidos los muebles, procedentes de la tala ilegal y abre la vía a sanciones para los importadores que la incumplan.
El voto supone un "gran paso a nivel internacional", se felicitó la eurodiputada ecologista finlandesa Satu Hassi, una de las ponentes del texto.
La madera ilegal supone actualmente alrededor del 20% del total de importaciones en territorio europeo y hasta ahora ninguna legislación impedía su comercialización.
Bajo el nuevo texto, los importadores y otros intermediarios deberán demostrar el origen legal de los productos, así como informar a los gobiernos europeos a quiénes los compraron y a quiénes los van a vender.
La prohibición regirá en los 27 países de la UE pero será competencia de cada gobierno establecer las sanciones económicas para quienes se salten la ley, en función, por ejemplo, de los daños medioambientales o del valor de la madera. La ley deja abierta la puerta a la imposición de castigos criminales.
Más de la mitad de la madera ilegal se tala en regiones vulnerables como la cuenca del Amazonas, Africa Central, el sureste de Asia y Rusia, según datos de la Comisión Europea.
Esta práctica tiene un impacto económico en los países exportadores, ya que sus gobiernos dejan de ingresar a causa de ella hasta 15.000 millones de euros anuales (19.000 millones de dólares), estima Bruselas.
A nivel mundial, según cifras de la ONU, el volumen de madera procedente de la tala ilegal representa entre 350 y 650 millones de m3 anuales, es decir, entre 20% y 40% de la producción planetaria de madera industrial.
Paralelamente, la deforestación, que cada año aumenta en 13 millones de hectáreas, está detrás del 20% de las emisiones mundiales de dióxido de carbono, responsables del calentamiento global.
La legislación, aplaudida por las organizaciones ecologistas, pudo ser aprobada después de que los Estados europeos aceptaran el principio de imponer sanciones a cambio de que los eurodiputados no fijaran medidas específicas.
Además, el hemiciclo logró incluir a la industria del papel, pero debió hacer la concesión de dejar al margen de la ley a los fabricantes de libros y otros impresos debido a un "intenso lobby", lamentó Hassi.
Greenpeace había saludado con anterioridad la nueva legislación al ver en ella un arma eficaz contra "un mercado negro gestionado a menudo por criminales que generan conflictos, roban a los gobiernos y causan daños irreversibles al medio ambiente".
Pero la organización ecologista lamentó que el régimen de sanciones sea "demasiado frágil" y que la ley no empiece a aplicarse hasta dentro de dos años.