DIEGO BARCALA - MADRID - Habitaciones cerradas, oscuras, frías, con una silla en el centro y unos bancos de ladrillo. Las manos más brutas de la represión dispuestas a pegar hasta el final al detenido esposado. Las torturas sólo eran el inicio de una tunda psicológica que continuaba en cárceles como la de Burgos, donde los presos eran puestos de rodillas sobre garbanzos. O en la cárcel de Carabanchel (Madrid), donde sólo con ver la habitación con el garrote vil que mató al anarquista Salvador Puig Antich, bastaba para temblar.
"A veces pienso que cogían para las palizas a los más animales de los pueblos de campo", recuerda Luis Barrachina, de 77 años. José Martín y Eugenio Cordero, una década más jóvenes, tampoco olvidan los nombres de los jefes de la DGS (Dirección General de Seguridad): "Conesa y Yagüe. Incluso al cabrón de [Roberto] Conesa lo llegaron a ascender a jefe de la brigada político social". Ni una placa recuerda la lucha tras los muros del kilómetro cero. Reivindican memoria y justicia, porque muchos de ellos siguen siendo culpables por la decisión injusta de un tribunal militar.
Cuatro décadas de pelea carcelaria
Desde un humilde piso compartido con otras asociaciones en la calle de Campomanes de Madrid, este grupo de veteranos presos antifranquistas se conforma con que su pelea se escuche en las escuelas. Con ese objetivo han reunido sus vivencias en La lucha por la libertad, un libro elaborado gracias a una subvención del Ministerio de Presidencia. El volumen reúne los testimonios más emocionantes de las cuatro décadas de lucha carcelaria.
"La tensión de escuchar los nombres de un listado hasta que dicen el tuyo. A veces se equivocaban en un apellido. En una ocasión dijeron el nombre de un camarada. Y su padre, con quien compartía prisión, trató de hacerse pasar por él. El carcelero le dijo: No te preocupes, ya caerás tú también. Sí, estar condenado a muerte no se olvida jamás". Son los recuerdos atropellados de Barrachina que no titubea cuando recuerda la salida de su celda de aislamiento cuando le conmutaron la pena de muerte, en 1945. "Recuerdo la mirada de Marchena, que estaba encarcelado enfrente. Me clavó los ojos y fui a abrazarle. No había manera de separarle de mí. Sólo me gritaba: Mis hijos, mis hijos. Y apenas unos días después...". Barrachina es capaz de reír con las anécdotas de siete años de prisión, pero el dolor de la muerte de su compañero de corredor, poco tiempo después de su salvación, le prohibe la sonrisa.
La desgracia se cebó con este preso que cayó en una célula del PCE en el Madrid de la postguerra. Su familia, también de Madrid, acudía dos veces al año a visitarlo a Burgos. Se alojaban en casa de una familia que acabó siendo también la de Luis. "Tenían una hija de 17 años que acudía al río que pasa junto a la prisión a lavar la ropa. Después de tantas visitas ya teníamos una confianza. Un día en el que hacíamos el intercambio de ropa, me vinieron a buscar a gritos otros compañeros. La chica se resbaló en la orilla y se desnucó. Se celebró el funeral en Burgos y montamos mucho follón para que me dejaran ir, pero no pude", recuerda.
La camaradería de los presos era doble, por compartir barrotes e ideas. "Todo lo que me ha servido para ganarme la vida me lo enseñaron mis compañeros en la cárcel. Allí aprendí dibujo técnico y aunque no me pude sacar ningún título a la salida de prisión, pude encontrar trabajo", cuenta Barrachina. Sin embargo, también hay disidentes como el periodista César Alonso de los Ríos que ha pasado de destacado luchador del PCE en la década de 1960 a habitual colaborador de medios de comunicación de extrema derecha como Intereconomía.
"Los juicios eran una pantomima. Te ponían ellos el abogado. Yo recuerdo que el mío se defendía a él mismo en vez de a mí", lamenta Martín. "El abogado de Paquita llegó a pedir más condena que el fiscal. Esas sentencias son papel mojado", añade Cordero. El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se niega a dar el paso de anular esos fallos. "Con los informes jurídicos en la mano, y también como decisión política" supondría "una ruptura del ordenamiento jurídico", señaló el líder socialista en el Parlamento en septiembre de 2006. Barrachina reconoce que le conmutaron la pena porque sus padres sobornaron a los jueces.
La Ley de la Memoria ofertó como solución una declaración de reparación que apenas han solicitado 450 víctimas o familiares. "Desde la Transición hemos ido perdiendo por todos los lados", denuncia Barrachina. Los tres camaradas dejan claro que ya no pelean por las indemnizaciones. El Gobierno de Felipe González otorgó un millón de pesetas para los que hubiesen estado más de tres años en prisión y tuvieran más de 65. Ni Martín ni Cordero cobraron. Barrachina, que sí la cobró, tuvo que entregar parte a Hacienda. Un dinero que, gracias a la Ley de la Memoria, ha recuperado.
El ninguneo político ha sido constante. En una ocasión, sin previo aviso, las cuentas de la asociación recibieron un donativo de un millón de pesetas. "Fue el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, cuando era presidente de la Comunidad. Quería callarnos y se lo devolvimos", cuenta Cordero. El último calambre lo tuvieron hace dos años en el Congreso. El presidente de la cámara, José Bono, censuró a un ex preso por mostrar una bandera republicana. "Está prohibido usar símbolos preconstitucionales en esta cámara", les reprochó.