La proposición de ley ha sido registrada en el Congreso de los Diputados, pero "todavía no hay una fecha para su toma en consideración por el pleno", informó este martes una portavoz del Congreso.

La proposición de ley restringe las personas habilitadas para presentar querellas, así como las condiciones necesarias para que un juez español pueda investigar un delito ocurrido fuera de España, especialmente en casos de genocidio o delitos de lesa humanidad.

Los tribunales españoles han sido especialmente activos en la persecución de delitos de lesa humanidad cometidos por las dictaduras chilena y argentina, por la última de las cuales está encarcelado en España el ex militar, Adolfo Scilingo, o los regímenes militares que se sucedieron en Guatemala entre 1978 y 1986, entre otros.

En 2009, un roce diplomático con Israel por la investigación de los bombardeos israelíes sobre Gaza en 2002 llevó a una primera reforma para restringir la aplicación de la jurisdicción universal, limitando la aplicación a la misma a casos en que existan víctimas españolas o los responsables sospechosos se encontraran en España.

También se permitía la investigación en caso de que se constatara "algún vínculo de conexión relevante con España", un supuesto que desaparece en la proposición.

Ahora, las protestas del gobierno chino tras la imputación del ex presidente Jiang Zemin en una investigación por supuesto genocidio en el Tibet, parece haber sido el detonante de esta iniciativa legislativa del PP, que afirma querer "delimitar con claridad, la plena aplicación del principio de legalidad y reforzando la seguridad jurídica, los supuestos en que la jurisdicción española puede investigar" fuera del país.

La nueva proposición de ley, frente a la actual legislación, que permite iniciar un proceso a instancia de una acción popular, afirma que las querellas deberán ser presentadas solamente "por el ministerio fiscal o la persona agraviada por el delito".

En el caso de delitos de "genocidio, lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado", los tribunales españoles podrán actuar siempre que el procedimiento se dirija "contra un español o contra un ciudadano extranjero que resida habitualmente en España y cuya extradición hubiera sido denegada por las autoridades".

El texto legislativo precisa aún más en el caso de "torturas", puesto que condiciona la acción de la justicia a que "el procedimiento se dirija contra un español" o "la víctima tuviera la nacionalidad española en el momento de la comisión de los hechos y la persona a la que se impute la comisión del delito se encuentre en territorio español".

Según la prensa española, esta disposición parece apuntar claramente a la investigación sobre el Tíbet, ya que uno de los querellantes es el tibetano nacionalizado español Thubten Wangehen, que no era español en el momento de los hechos.

La proposición incluye también una disposición transitoria que determina el sobreseimiento de las causas en tramitación en los tribunales españoles por los casos previstos en la ley hasta que "no se acredite el cumplimiento de los requisitos establecidos en ella".

Esta proposición ya ha recibido el rechazo de la oposición y de grupos de defensa de los derechos humanos.

La proposición presentada por el partido del gobierno "cierra las puertas a la justicia universal", consideró el secretario de Organización del Partido Socialista, Óscar Pérez, mientras que el líder de la formación ecolo-comunista IU, Cayo Lara, la tildó de "involución".

"Se trata de un claro retroceso en la lucha contra la impunidad de los crímenes de derecho internacional, la justicia y los derechos humanos", afirmó Amnistía Internacional.