ERNESTO EKAIZER - El fiscal de sala Navajas, de larga experiencia profesional, lo tiene claro desde hace varias semanas: la pieza jurídica a mover es la doctrina Botín, aquella que en diciembre de 2007 aprobó la Sala Segunda del Tribunal Supremo, según la cual no debía autorizarse la apertura de juicio oral en el procedimiento abreviado por el impulso exclusivo de la acción popular cuando el ministerio fiscal solicita el sobreseimiento de la causa y que meses después abandonó en el caso Atutxa. He aquí, pues, la apuesta de Navajas, que cuenta con el respaldo total del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido. ¿Sabe usted, estimado lector, cuántas querellas de acciones populares contra personas aforadas fueron presentadas y rechazadas en los últimos años por la Sala Segunda del Tribunal Supremo? Alguna pista ayuda a intuirlo. En abril de 2008, con ocasión del debate sobre la sentencia del caso Atutxa, hubo varios votos particulares. Uno de ellos, ya comentado en esta columna, fue el de Luciano Varela, quien señaló que con la doctrina Botín el tribunal había establecido un "autoprecedente": si se autorizaba la apertura de juicio oral sólo porque así lo solicitaba la acción popular, se violaba el principio de igualdad de todos los ciudadanos ante la ley que consagra la Constitución.
Hubo otros votos particulares. Uno de ellos, suscrito por los magistrados Carlos Granados, Joaquín Jiménez y Andrés Martínez Arrieta. Uno de ellos, Jiménez, es miembro de la sala de cinco magistrados abocado al caso de las víctimas de la Guerra Civil.
En el citado voto discrepante con una mayoría favorable a cambiar la doctrina Botín en el caso del ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa, juzgado por impulso exclusivo de la acusación popular y absuelto por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco primero y el propio Tribunal Supremo después, los tres magistrados advertían de la violación de la igualdad de los ciudadanos ante la ley.
Pero más relevante era su valoración. "Situar en plano de igualdad la acusación popular con el ministerio fiscal, mediante el implícito argumento de que esta actuaría como remedio para la inactividad, cuando no desconfianza, hacia el ministerio fiscal, parece un argumento fundado en un apriorismo que es incompatible con el deber de respeto al propio campo de actuación y colaboración debidos entre los distintos poderes e instituciones del Estado", escribían.
El diagnóstico, a la luz de estos dos años transcurridos, es irrebatible: "Más bien puede afirmarse que la derivación al sistema de justicia penal de conflictos escasamente jurídicos, o simplemente la utilización del proceso penal para finalidades ajenas a su propio cometido, parece vehicularse, actualmente, a través del ejercicio de la acción popular en no pocas ocasiones", añadían.
Para fundamentar su tesis, los magistrados aportaron evidencias. "No se trata de un juicio de valor o intuición de los firmantes de este voto, por lo que se refiere a esta Sala Segunda, competente para la instrucción de causas penales dirigidas contra las personas aforadas, sino que se sustenta en datos reales, en cuanto en los últimos cinco años se han contabilizado 24 denuncias y querellas, formalizadas por acusaciones populares contra diversas personas aforadas, sin que prosperase ninguna", señalan.
Desde entonces, claro, ha habido más querellas. Muchas, siguiendo la costumbre descrita en el voto particular, han sido rechazadas. Y, mira por dónde, varias de las demandas contra el juez Garzón, que en otras épocas no prosperaban, ahora sí, convirtiéndolo en el blanco favorito.