Los mineros huelguistas fueron detenidos en Marikana el 16 de agosto, después de que la policía disparara contra una muchedumbre hostil de manifestantes armados de lanzas y machetes y matara a 34 de ellos.
Tras la detención, los mineros fueron acusados el jueves de asesinato, lo que causó una fuerte indignación en Sudáfrica, ya que según muchos juristas, el fiscal recurrió a una ley de la época del apartheid.
El ministro de Justicia, Jeff Radebe, pidió explicaciones a la fiscalía, ya que el magistrado Esau Bodigelo no precisó en qué texto se basó para pronunciar la inculpación.
Muchos juristas estiman que el juez utilizó una ley antidisturbios de 1956, muy utilizada durante el apartheid y aún en vigor, que prevé que sean inculpadas por asesinato todas las personas detenidas en el lugar de un tiroteo que implique a la policía, independientemente de que las víctimas sean agentes o no.
Finalmente, la jefa de la fiscalía, Nomgcobo Jiba, anunció en una conferencia de prensa este domingo que la inculpación quedaba suspendida y que los 270 mineros iban a ser puestos en libertad condicional.
"La inculpación por asesinato contra los 270 sospechosos actuales, que de todas formas era provisional, será retirada provisionalmente por el tribunal durante su próxima comparecencia", prevista el jueves, anunció Nomgcobo Jibo.
"La decisión y el anuncio de los cargos finalmente retenidos contra las personas implicadas no tendrán lugar hasta que concluyan todas las investigaciones", añadió la responsable, citando la comisión investigadora instaurada por el presidente Jacob Zuma.
Los interesados también estaban acusados de complicidad de asesinato, reunión prohibida, tenencia ilegal de armas y amenaza contra colegas no huelguistas.
Aunque los policías de momento no fueron inquietados, pese a que testigos y periodistas los acusaron de abatir a sangre fría a buena parte de las víctimas de Marikana, los 270 mineros estaban detenidos desde el 16 de agosto.
Si su dirección puede verificarse, serán liberados el lunes, precisó Jiba. Lo que no será del todo fácil, ya que muchos de ellos viven en chabolas cerca de la mina.
La fiscalía satisface de este modo a los abogados de los mineros, que mandaron una carta abierta el presidente Zuma en la que le daban de plazo hasta el domingo para que se liberara a sus clientes.
El jefe de Estado respondió que no podía "acceder a su demanda", y subrayó que la justicia es independiente, recordando que había creado una comisión de investigación.
Nomgcobo Jiba no precisó este domingo si hubo presiones del gobierno, pero defendió la decisión inicial del fiscal.
"La decisión de inculpar a los mineros por asesinato se apoya en una base jurídica sólida que no sólo forma parte de nuestra legislación desde hace décadas, sino que sigue siendo pertinente y aplicable en nuestro sistema democrático", argumentó.
"La fiscalía ha aplicado este principio en muchos otros casos anteriores. Su aplicación en este caso específico, por lo tanto, no sería única", añadió.
La mina de platino de Marikana, explotada por el grupo Lonmin, está casi paralizada desde que 3.000 operarios se pusieron en huelga el 10 de agosto para exigir que se triplicaran sus salarios.
Diez hombres, entre ellos dos policías y dos guardias de seguridad, murieron entre el 10 y el 12 de agosto en enfrentamientos entre sindicatos. Días después, el 16, la policía abatió a disparos a los 34 mineros.