El juez que investiga el llamado "procès" catalán la había llamado a declarar el miércoles en el Tribunal Supremo, pero la ex diputada adelantó que no comparecerá y permanecerá en Suiza, país en el que se encuentra desde hace unos días y al que podría pedir asilo político.
Gabriel es la sexta figura del independentismo catalán que decide salir de España ante una delicada situación judicial, después de que lo hicieran el ex jefe del Gobierno de Cataluña Carles Puigdemont y otros cuatro ex miembros de su gabinete. La decisión de la dirigente de la CUP podría suscitar una orden de detención contra ella.
"Como no tendré un juicio justo en mi país, he buscado un país que pueda proteger mis derechos", explicó en una entrevista publicada hoy en el periódico suizo "Le Temps".
"Voy a intentar trabajar e instalarme aquí (en Suiza). Si no puedo porque hay una orden de extradición, pediré asilo político", señaló también a los micrófonos de la televisión suiza RTS.
La ex diputada de la Candidatura de Unidad Popular (CUP), partido antisistema que en la pasada legislatura fue clave para el independentismo, salió de España rumbo a Ginebra siguiendo el ejemplo de otros soberanistas que se encuentran en Bélgica desde octubre, entre ellos el ex jefe del Gobierno de Cataluña Carles Puigdemont.
Gabriel busca así evitar una orden de prisión provisional contra ella similar a la que recibieron otros separatistas catalanes como el máximo dirigente del partido Esquerra Republicana (ERC), Oriol Junqueras, o los líderes civiles Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, que se encuentran en la cárcel desde hace varios meses.
"Cuando vi el destino de algunos de mis colegas que están en prisión desde diciembre, me di cuenta de que debía irme. No soy la única en arriesgarme a ir a la cárcel, el resto del Govern (Gobierno catalán) está amenazado", dijo la ex diputada a "Le Temps".
Rafael Catalá, ministro de Justicia del Gobierno de Mariano Rajoy, calificó de "gravísima irresponsabilidad" su decisión y la calificó de "ejemplo profundamente antidemocrático". Desde el área de Interior, el ministro Juan Ignacio Zoido afirmó que "no hay ningún temor" a que Suiza pueda ofrecer a la ex diputada asilo político.
La citación de Gabriel en el Supremo había despertado expectación en una semana crucial para los independentistas catalanes, en la que otros líderes políticos fueron llamados a declarar en el Supremo por su presunta vinculación con el proceso independentista.
Hoy fue el turno del ex jefe del Gobierno catalán Artur Mas, quien quedó en libertad sin medidas cautelares tras comparecer ante el juez. A su salida del tribunal, en Madrid, se mostró "satisfecho" aunque también "triste" por el hecho de que otros independentistas estén en prisión o fuera de España para evitar ser encarcelados.
Mas, de 62 años, es investigado por su presunta vinculación con el proceso separatista impulsado en los dos últimos años por el que fuera su sucesor al frente del Gobierno catalán, Carles Puigdemont.
Hoy aseguró en el Supremo que "no había un comité estratégico" y que solo fue convocado a "reuniones de carácter informal" donde "se hablaba de política", según sus declaraciones a la prensa. Destacó, además, que la declaración de independencia que el Parlamento catalán hizo el 27 de octubre fue "puramente simbólica".
El hombre que impulsó los planes de ruptura de Cataluña con España hasta principios de 2016 fue condenado el pasado julio a una inhabilitación de dos años por la organización de una consulta independentista no oficial celebrada en la región en 2014.
Ahora, el mismo tribunal que debe decidir si confirma esa condena, le llamó a declarar como investigado por el referéndum que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en la región española junto a Neus Lloveras, ex presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia y actual alcaldesa de la localidad Vilanova i la Geltrú (Barcelona).
Cataluña se encuentra en una situación incierta desde hace meses y su administración está invervenida por el Gobierno de Rajoy.
Las elecciones regionales celebradas el 21 de diciembre, que fueron convocadas por Madrid a raíz de la destitución del Gobierno de Puigdemont, devolvieron la mayoría absoluta al independentismo. Pero la situación judicial del ex jefe del Ejecutivo catalán, prófugo en Bélgica, está complicando su investidura en el cargo.
Según informaron medios españoles, el "Parlament" catalán decidió posponer hoy una reforma normativa con la que pretendía dar cobertura legal a un nombramiento a distancia del líder catalán y pidió un informe sobre esta cuestión a los letrados de la Cámara.