Cada vez que un fusilado es exhumado, informan al magistrado correspondiente. La respuesta habitual suele ser el silencio. La mayoría de jueces no acude a la fosa ni para identificar si los restos son humanos. Desde que fue aprobada en diciembre de 2007 la Ley de la Memoria Histórica tienen una excusa más. "La apertura de fosas corresponde al Gobierno", argumentan. El intento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir un juicio contra el franquismo basado en las denuncias de familiares de fusilados en 63 fosas tampoco ha tenido éxito. Tan solo tres juzgados, Benavente (Zamora), Palencia y Villacarrillo (Jaen) de los 43 tribunales provinciales en los que se inhibió el pasado noviembre han continuado con la causa.
Uno de los últimos juzgados que ha escurrido el bulto ha sido el de la jueza de Ponferrada (León), María del Carmen Santos, que ha intentado adjudicar el caso a su colega de guardia, a pesar de que fue su sala la que recibió la inhibición de Garzón para investigar la fosa de Toral de Merayo. La magistrada admite que los hechos contituyen un delito pero niega su competencia. Sin embargo, esta misma magistrada sí abrió diligencias previas en 2002 para investigar una fosa en Magaz de Abajo (León). Las asociaciones creen que la presión mediática suscitada por las diligencias abiertas en 2008 por Garzón han inyectado miedo en algunos jueces.

Archivo de la causa

La mayoría de los jueces en los que delegó Garzón no han tomado una decisión, aunque los denunciantes creen que la postura mayoritaria será el archivo del caso, como ya ha ocurrido en O Porriño (Pontevedra) y en Moguer (Huelva).
El magistrado del juzgado de Palencia, Miguel Ángel Martín Maestro, es por contra el que más entusiasmo ha puesto en continuar la investigación. En un auto de "obtención de información" del pasado 15 de abril argumentó su decisión: "La identificación de los responsables, la reparación de las víctimas y la hipotética depuración de responsabilidades obliga a los Gobiernos y a la Administración Pública, entre la que se encuentra la Administración de Justicia, a no limitarse a una simple declaración de prescripción[de los hechos]".
Este juez ha enviado esta semana a agentes de la Guardia Civil a entrevistar a aquellos que han trabajado en la recuperación de los restos humanos de la fosa de Villamediana (Palencia). Los agentes han tomado asimismo declaración a los familiares de las 13 personas de Dueñas que fueron secuestradas y posteriormente asesinadas en Villamediana. El juez asegura que son pruebas para investigar un posible crimen por "desaparición forzosa". El auto llega a pedir pruebas que identifiquen a los "autores materiales de la detención, secuestro, traslado y asesinato de las víctimas (...), así como responsables militares, policiales o políticos".
Otro de los juzgados favorables a la apertura de una causa penal, el de Benavente (Zamora), ya ha puesto fecha a la exhumación de los restos de la fosa de Santa Marta de Tera. Será el próximo 8 de junio.
La Guardia Civil también ha tomado testimonios de familiares de los asesinados en la fosa de Sorihuela de Guadalimar (Jaen). El juez de Villacarrillo, Florencio Rodríguez, les ha pedido que informen sobre "si se han exhumado cadáveres y, en su caso, si están identificados, así como su actual localización". Uno de los fusilados en esta fosa es el abuelo de la mujer del juez Garzón.

O Porriño se niega

El tribunal de O Porriño (Pontevedra) se niega a investigar el crimen de cuatro canteros asesinados en 1936 y enterrados en la localidad pontevedresa de Salceda de Caselas. El juez archivó el pasado 29 de abril la causa al considerar que el hecho denunciado "no es constitutivo de delito" al no tener una finalidad penal. El magistrado añade la siguiente reflexión: "Si aún así se abriese, se pondría en marcha un mecanismo de diferentes diligencias y actuaciones procesales dirigidas a la nada, lo cual conllevaría retraso y acumulación de otros asuntos merecedores de tal labor".
Los denunciantes han recurrido a la Audiencia Provincial de Pontevedra. La Asociación Memoria Histórica Do 36 de Ponteareas cree que el archivo les deja "indefensos".
El juzgado de Moguer (Huelva) también ha archivado la causa. La explicación que el magistrado ha utilizado en este caso ha sido que los supuestos criminales a los que alude Garzón, los generales golpistas de 1936, ya han fallecido. Sin embargo, el denunciante, que tiene a su abuelo y a su bisabuelo bajo tierra en la fosa de la Rociana del Condado, asegura que demandará a los implicados en el asesinato de sus familiares en 1936 que todavía están vivos.
Los demandantes lamentan que los jueces no actúen bajo lo establecido en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. "Están dando por cierto lo que dice una asociación", explica el vicepresidente de la Asociación para la recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), Santiago Macías. Los denunciantes exigen a los jueces que actúen igual que cuando son encontradas pruebas de crímenes recientes.
En muchos tribunales el avance depende de la persistencia de los denunciantes que, en gran parte, tras la inhibición de Garzón, tiraron la toalla. "Necesitamos una acción conjunta que mueva todo a la vez. El reparto por juzgados es un caos", analiza el abogado de la ARMH, Fernando Magán. "Es una cuestión de dinero. No todas las asociaciones pueden estar pagando a un procurador para que recurra y siga con el caso", esgrime el portavoz de las víctimas que han recurrido en Porriño, Ángel Rodríguez Gallardo.