El juez José Castro, que instruye este sumario en un tribunal de Palma de Mallorca, en las islas Baleares, imputó a la infanta el 3 de abril por tráfico de influencias, aunque tuvo que suspender el procedimiento a petición de la fiscalía anticorrupción, a la espera de los resultados de la investigación de un "posible delito contra la hacienda pública y/o blanqueo de dinero".
En un auto publicado este viernes, el magistrado instó al fisco español a que "emita un informe sobre las cuentas corrientes que Doña Cristina Federica de Borbón y Grecia sea titular o aparezca como apoderada, bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que sea titular".
Con este informe, Castro espera que se "colme cualquier laguna o aclare cualquier contradicción que (...) haya podido concurrir sobre la real intervención que en supuestas irregularidades fiscales y de blanqueo de capitales haya podido tener" la hija menor del monarca, de 47 años.
Además, el juez indica que incorpora al sumario del 'caso Nóos' las últimas diez declaraciones de la renta de la infanta. Ella y Urdangarin se habían opuesto a ello, pero Castro rechazó su recurso.
El marido de Cristina, ex jugador de balonmano reconvertido en hombre de negocios, está imputado junto con su ex socio Diego Torres de haber presuntamente malversado seis millones de euros de fondos públicos a través del Instituto Nóos, una sociedad de mecenazgo que presidió entre 2004 y 2006.
Durante esos años, esta sociedad sin ánimo de lucro obtuvo cuantiosos contratos con las autoridades regionales de Baleares y Valencia, en el este del país, para organizar o promover congresos relacionados con el deporte.
Cristina, séptima en la línea de sucesión a la Corona de España, fue miembro de la junta directiva de Nóos y poseía a medias con su marido la empresa Aizoón, también bajo investigación por haber supuestamente cobrado servicios inexistentes y que podría haber sido utilizada como sociedad pantalla por la pareja.
En su auto, el juez pide aclarar si la hija del rey "ha podido hacer uso (...) de fondos derivados de la entidad mercantil Aizoon" para rehabilitar el palacete que compró en 2004 junto a Urgandarin, de 45 años, en un elegante barrio de Barcelona.
Pese a que el yerno del rey Juan Carlos siempre negó haber cometido delito alguno, las acusaciones en su contra y la amenaza sobre la infanta Cristina dañaron gravemente la imagen de la familia real española en un contexto de grave crisis económica y de incesantes escándalos de corrupción y fraude entre las élites política y económica del país.
A principios de año también se vio imputado en el 'caso Nóos un' alto funcionario de la Casa Real, Carlos García Revenga, secretario personal de las infantas Cristina y Elena.
Según un sondeo publicado en enero por el diario conservador El Mundo, el apoyo a la monarquía en España cayó a un mínimo histórico de 54%.
Urdangarin fue apartado de los actos públicos de la familia real a finales de 2011 y posteriormente fue suprimida su página en la web oficial de la Casa del Rey.