La consejera catalana de Educación, Irène Rigau, afirmó que estaba dispuesta a recurrir legalmente este texto que "cuestiona la lengua catalana".
"La lengua no es negociable", advirtió, al abandonar la reunión de representantes regionales del sector convocada por el ministro de Educación, José Ignacio Wert.
"Responderemos jurídicamente al texto nuevo y pondremos de manifiesto que contradice el espíritu" de la ley española. "Es un tema de respeto institucional", insistió.
Poco antes, el portavoz del gobierno de Cataluña, Francesc Homs, anunció que el presidente nacionalista de la región, Artur Mas, pretendía organizar el 12 de diciembre una cumbre sobre el tema con los representantes de izquierda de la región para responder a una "clara ofensiva" por parte de Madrid en contra de la lengua catalana.
Cataluña, en conflicto abierto con Madrid, que rechazó una propuesta de pacto fiscal que autorizara a la región recaudar ella misma el impuesto como lo hace el País Vasco, denuncia habitualmente una falta de respeto por parte de Madrid que alimenta el independentismo en la región.
El sentimiento nacionalista quedó plasmado en un enorme desfile independentista el pasado 11 de septiembre en Barcelona.
El gobierno catalán y los partidos de izquierda estiman que el nuevo proyecto de ley relega la lengua catalana a un segundo plano en la enseñanza, cuando actualmente es obligatoria en la escuela.
El partido socialista catalán también dijo estar a favor de una acción jurídica si el gobierno mantenía el texto tal cual.
Wert convocó por su parte una nueva reunión para el 15 de diciembre.
Este nuevo conflicto con Madrid ocurre poco después de las elecciones del 25 de noviembre de las que Artur Mas y su coalición nacionalista CiU salieron debilitados, con dificultades para formar un gobierno con la izquierda independentista, convertida en segunda fuerza regional y opuesta a los recortes presupuestarios previstos en el sector social.