El debate volvió a surgir con el traslado el lunes, bajo protección internacional, de 93 musulmanes del PK-12 (un gueto insalubre a la salida de Bangui) a Bambari, a 300 km al noroeste de la capital.

Alrededor de otros 1.300 habitantes del PK-12 harán lo propio en dirección de Sido y Kabo, dos ciudades próximas a Chad.

Pero el gobierno centroafricano se ha opuesto, basándose en que esta evacuación equivale a vaciar Bangui de los últimos musulmanes que quedan.

El lunes, la ministra de Reconciliación, Antoinette Montaigne, convocó al Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados (ACNUR) y a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para expresarles su descontento.

"Me he invitado al debate porque nadie se había preocupado de los desafíos vitales de la reconciliación", dice, explicando que estos desplazamientos pueden crear "desequilibrios culturales y sociológicos".

El sur de la República Centroafricana se ha quedado prácticamente sin población musulmana, que huyó debido a las atrocidades cometidas por las milicias antibalaka.

Estos grupos de jóvenes esencialmente cristianos afirman querer vengar a sus correligionarios, mayoritarios en el país, de los atropellos cometidos por la exrebelión Seleka, en la que predominan los musulmanes, cuando estuvieron en el poder, de marzo de 2013 a enero de 2014.

Decenas de miles de musulmanes se fueron al norte o a países vecinos.

Como consecuencia de todo ello se esboza una especie de división del país, como querían los Seleka más extremistas.

La organización de un nuevo convoy humanitario, escoltado por soldados franceses o africanos, para desplazar a más musulmanes al Norte no haría sino reforzar la división, en detrimento de la hipotética reconciliación nacional defendida por el gobierno.

"Todos los centroafricanos tienen el derecho de pedir que los países amigos no se encaminen hacia una separación de hecho de este país", protesta la ministra.

- 'Imperativo humanitario' -

"En dos o tres años, nos vamos a encontrar con el norte del país controlado por los ex Seleka. El poder civil tendrá dificultades", advierte un funcionario gubernamental que pidió mantener el anonimato.

En el caso de los musulmanes del PK-12 en Bangui, hay dos opciones: "dejarlos morir" o "relocalizarlos", explica Emmanuelle Schneider, una portavoz de Ocha, la oficina de la ONU encargada de las urgencias humanitarias.

Los traslados se hacen "aplicando el principio de imperativo humanitario", que es "salvar vidas", y los de "neutralidad" e "imparcialidad", afirma Schneider.

Según los habitantes de PK-12, a menudo atacado por los antibalaka, 22 personas han muerto en cinco meses, de las cuales 18 de forma violenta. Las heridas por bala, granada o machete son frecuentes.

"Esta relocalización no es forzosamente de larga duración", asegura Emmanuelle Schneider.

Los cooperantes humanitarios acusan a Francia, expotencia colonial, presente militarmente en República Centroafricana, de haber ralentizado las operaciones porque encarnaban "un constante fracaso" de su misión. "Esta gente no está segura, pese a encontrarse en lugares donde hay tropas francesas", denunció uno de ellos.

Un argumento rechazado por el embajador francés, Charles Malinas. Francia -explica- respeta el mandato de la ONU que pide que las poblaciones "puedan quedarse donde se encuentran", salvo "si no se puede garantizar su seguridad" o si las condiciones de vida son "inaceptables".

Los últimos 1.300 musulmanes del insalubre PK-12 sabrán pronto si se podrán marchar.

La próxima etapa les tocará a los musulmanes de Boda (sur), rodeados literalmente por una población cristiana muy favorable a los antibalaka, que les están haciendo padecer hambre. Son más de 10.000 y también serían desplazados al norte.