"No hubo acuerdo en la manera de tratar el terrorismo", dijo el mediador Lakhdar Brahimi que al final del sexto y antepenúltimo día de la primera ronda de negociaciones lamentó que no haya habido "cambios reales en las posición de los dos interlocutores".

Esta primera ronda de negociaciones, que empezó bajo presión de Estados Unidos, aliados de la oposición, y Rusia, aliado de Damasco, terminará el viernes sin que las delegaciones del presidente Bashar al Asad y de la Coalición Nacional de Oposición hayan avanzado en el tema clave de la transición política ni en el de la ayuda humanitaria.

La segunda ronda podría empezar el 10 de febrero próximo, pero la fecha no se dará a conocer hasta el viernes.

En el frente diplomático, este jueves se supo que el jefe de la Coalición de la Oposición siria, Ahmad Jarba, viajará a Rusia el 4 de febrero próximo.

El conflicto que empezó en marzo de 2011 ya ha dejado más de 130.000 muertos y más de nueve millones de desplazados y refugiados.

El terrorismo es uno de los temas inscritos en el documento firmado en 2012 en la conferencia de Ginebra I, cuyo comunicado final está en el origen de las negociaciones actuales.

El gobierno sirio considera que la oposición y la rebelión -apoyada por Arabia Saudita- son "terroristas" financiados por el extranjero. Por su parte, la oposición acusa al poder -respaldado entre otros por el partido chiita libanés Hezbolá- de mortíferos bombardeos diarios.

"El régimen quiere hablar de terrorismo. Los barriles de explosivos son terrorismo. Matar a la población de hambre, la tortura y la prisión son terrorismo", dijo la oposición, que aportó documentos en los que apoyaba sus afirmaciones.

Por su parte, la delegación gubernamental presentó un comunicado en el que pidió el "cese de la financiación, del armamento y del entrenamiento de los terroristas".

"Viviendas arrasadas"

Este mismo jueves un informe de la organización Human Right Watch (HRW) denunció que el gobierno sirio arrasó miles de viviendas en sectores de Damasco y Hama (centro), favorables al régimen, como "castigo colectivo", unos casos que consideró "crímenes de guerra".

"Las demoliciones fueron supervisadas por el ejército", acusó Ole Solvang, experto en situaciones de crisis de HRW.

"Nadie puede dejarse engañar por las afirmaciones gubernamentales de que esto se inscribe en un plan urbanístico, en pleno conflicto sangriento. Es un castigo colectivo a comunidades sospechosas de apoyar a la rebelión", añadió.

Sobre el terreno, un convoy de ayuda humanitaria consiguió entrar este jueves en el campamento de refugiados de Yarmuk, en Damasco, asediado por el ejército, anunció una agencia de la ONU y a la agencia oficial siria Sana.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH) cifra en 86 las personas muertas de hambre y por la falta de cuidados médicos en este campamento, asediado por el ejército sirio desde el pasado junio y en el que residen 18.000 personas, según la ONU.

Estados Unidos expresó por su parte su preocupación por el retraso en la evacuación del territorio sirio del arsenal químico.

"Estados Unidos está preocupado por que el gobierno sirio esté atrasado en la transferencia de armas químicas", afirmó el secretario de Estado de Defensa, Chuck Hagel, en una rueda de prensa en Varsovia.

La Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) advirtió el miércoles que Siria había evacuado de su territorio menos del 5% de su arsenal químico, aunque se había comprometido a evacuar antes del 31 de diciembre de 2013 las 700 toneladas de agentes químicos declarados por Damasco.