Como expresión de un nuevo instrumento de participación ciudadana, bienvenida sea la ley, aunque la democracia representativa es tan válida para tomar decisiones como la democracia participativa que representan las consultas refrendatarias.
De todas formas, la ley es tan cautelosa que está a medio camino entre la democracia representativa y la participativa o directa. Para evitar que cualquier extravagancia pueda ser sometida a consulta, los referendos deberán ser autorizados por el Parlament y, en última instancia, por el Estado, una vez que sean propuestos por la Generalitat; por dos grupos parlamentarios o una quinta parte de los diputados; por el 10% de los municipios, con un mínimo de 500.000 habitantes en total, o por el 3% de la población catalana. Este complejo mecanismo cierra la puerta a iniciativas que no gocen de un cierto consenso e impide, en principio, una consulta sobre la independencia porque se supone que el Estado no la autorizaría.
Esta «limitación» es precisamente una de las razones del voto en contra de CiU, que en esta ley ha vuelto a desbordar a Esquerra, promotora del texto, por el flanco soberanista. No sin alguna contradicción. CiU argumentó, por ejemplo, que las recientes consultas soberanistas en decenas de municipios catalanes no encajarían en la nueva ley. Pero la federación nacionalista se desmarcó oficialmente de esas consultas que ahora reivindica.