"Para nosotros es muy doloroso asumir que nuestros padres formaron parte del terrorismo de Estado en Argentina y se convirtieron en genocidas", comentó a dpa Liliana Furió, hija de Paulino Furió, un ex teniente coronel retirado del Ejército que cumple una pena de prisión perpetua por los delitos de lesa humanidad cometidos en la provincia de Mendoza, en el oeste del país.
Furió es una de las fundadoras de "Historias Desobedientes", una agrupación creada hace poco menos de un año, un domingo en el que se celebraba en Argentina, paradójicamente, el Día del Padre.
La otra fundadora es Analía Kalinec, hija del ex policía Eduardo Kalinec, conocido como el "Doctor K" en las salas de torturas dispuestas como parte del circuito de tres centros clandestinos de detención que funcionó en Buenos Aires.
El 31 de agosto de 2005 Kalinec, maestra en una escuela de la capital argentina, recibió un llamado de su madre: "A papá se lo llevaron preso", le dijo. Aquella frase significó un quiebre en su vida, reconoció a dpa.
A partir de ahí Kalinec comenzó a investigar qué actuación había tenido su padre, al que recuerda como una persona "amorosa", durante la última dictadura militar. Recién siete años después de aquel llamado revelador pudo interpelarlo por su pasado. "Admitió todo. Para mí fue un espanto", recordó.
Unos 50 familiares de represores integran "Historias Desobedientes". Varios de ellos marcharon este sábado a la histórica Plaza de Mayo argentina para exigir "memoria, verdad y justicia" a 42 años del golpe de Estado que derrocó a la entonces presidenta María Estela Martínez de Perón (1974-1976).
Según estimaciones de los organismos defensores de derechos humanos unas 30.000 personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas por la dictadura.
"La última vez que conversé con mi padre le dije que él había tenido la suerte de ser juzgado en democracia con todos los derechos legales que lo asisten, no como las personas a las que él había asesinado", expresó Furió.
En noviembre pasado la agrupación presentó en el Parlamento un proyecto de ley para modificar dos artículos del Código Procesal Penal argentino que establecen que nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano a menos que el delito aparezca ejecutado en su perjuicio o de un pariente de grado igual o más próximo.
Uno de los autores del proyecto, que se encuentra bajo análisis de la Cámara de Diputados, es el abogado Pablo Verna, hijo de Julio Alejandro Verna, médico y ex capitán del Ejército que inyectaba drogas a los secuestrados antes de subirlos a los denominados "vuelos de la muerte" desde donde eran arrojados vivos al Río de la Plata.
Verna explicó a dpa que no se conocen testigos que hayan declarado en contra de su padre: sólo él podría aportar datos en los juicios por la verdad, la memoria y la justicia que se llevan a cabo en la Argentina.
"La mayoría de nosotros no contamos con información como la que podría aportar Pablo, pero tenemos el derecho de aportar nuestro testimonio. Somos parte de una sociedad que sufrió y sufre las consecuencias de un genocidio", opinó Kalinec.
En la Plaza de Mayo, los hijos de los represores también expresaron su rechazo a la posibilidad de que sus padres puedan ser beneficiados con el arresto domiciliario, tal como surgió en los últimos días desde el Gobierno del presidente, Mauricio Macri.
"La cárcel común es el lugar para ellos. Nosotros no dudamos de que si ellos salen de prisión, sufriríamos represalias", afirmó Furió en relación a los testimonios que han brindado muchos de ellos denunciando a sus padres.