Uno de los recursos se elevó al Supremo Tribunal Federal (STF), máxima instancia judicial del país y que ha fallado en reiteradas ocasiones contra la libertad de Lula, para que suspenda la decisión que tomó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el 1 de septiembre de prohibir la candidatura del ex líder sindical.

El otro pedido se presentó ante el propio TSE. En éste, se argumenta que, hasta tanto le queden instancias para apelar por su inocencia ante la Justicia, Lula no debe ser declarado culpable de los actos que se le imputan y, en consecuencia, estar apto para ejercer sus plenos derechos políticos, como presentarse a elecciones.

El martes, además, los abogados de Lula habían presentado un pedido ante la ONU para pedir un nuevo pronunciamiento del organismo internacional respecto a la situación de su representado.

El 17 de agosto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU se había manifestado en favor de la candidatura de Lula y había instado al Gobierno de Brasil a que le permitiese presentarse a la contienda electoral.

El pronunciamiento alimentó las esperanzas de los militantes del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), aunque luego el TSE falló en contra del ex presidente.

Lula se encuentra preso desde el 7 de abril, condenado a 12 años por lavado de dinero y corrupción pasiva en el marco de la megacausa conocida como Lava Jato. El TSE decidió prohibir su candidatura a partir de la aplicación de una ley que impide a personas condenadas en segunda instancia ocupar cargos públicos en Brasil.

Este martes, Ibope y Datafolha, las dos encuestadoras más importantes del país, decidieron no publicar los resultados de las encuestas que habían realizado en los últimos días, presuntamente porque todavía incluían el nombre de Lula entre las opciones.

Antes de ser impedido de participar por el TSE, y a pesar de estar preso, el ex mandatario encabezaba todas las encuestas con considerable margen por sobre el resto de los candidatos.