El martes, por ejemplo, miles de educadores peruanos se concentraron en Lima y varias ciudades del Perú para presionar al Gobierno por reivindicaciones, con consignas como "somos profesores, no somos terroristas". Entre analistas, sin embargo, se activaban alarmas por un presunto rebrote extremista.

"Es cuestión de hambre. Somos maestros, no Patria Roja ni Sendero Luminoso", dijo un manifestante entrevistado por la televisión, para disipar las dudas de que el gremio esconde el germen extremista.

Al no estar la huelga a cargo del SUTEP, no tiene uniformidad. En unas regiones empezó primero que en otras y en algunas ni siquiera la ha habido. En cada departamento se quiere dialogar por separado y hay varios que se autoproclaman interlocutores.

Para el periodista de investigación Ricardo Uceda, el SUTEP quedó desbordado por una célula, el Comité Nacional de Reorientación (Conare), dividida a su vez en dos facciones, ambas con origen en el grupo ultraizquierdista armado Sendero Luminoso: Movadef y Proseguir.

El Movadef (Movimiento por Amnistía y Derechos Fundamentales) es el "brazo político" de la línea "oficial" de Sendero, fiel al fundador de ese grupo, Abimael Guzmán. Proseguir es la tendencia que cree que la acción armada nunca debió detenerse y que denosta de su ex líder, que purga una condena de cadena perpetua.

A eso, según Uceda, habría que sumarle al grupo Pukallacta, también de izquierda radical, que existe de tiempo atrás como fuerza interna en el SUTEP pero que ahora buscaría consolidar su propio espacio.

"(El Gobierno) debe entender que es una huelga política, no sindical. Sus operadores políticos deben empezar a funcionar para combatir políticamente la situación", dijo el director del Instituto de Estudios Peruanos, Ricardo Cuenca.

El secretario general del SUTEP -un cargo otrora poderoso-, Alfredo Velásquez, está descolocado. El sindicato como tal solo convocó a una huelga de 24 horas en junio y luego, desbordado, se ha unido al coro de quienes denuncian extremismos.

La ministra de Educación, Marilú Martens, advirtió que desde esta semana se descontarán los salarios de quienes no laboren. Y si la ausencia persiste, serán despedidos. Eso, al parecer, lo único que logró es aumentar el ausentismo y movilizar más las calles, en varias de las cuales se ha llegado ya a la violencia.

Aunque por las características es difícil establecer cifras, Martens reconoció que en ocho de los 25 departamentos hay más de un 50 por ciento de docentes en huelga y que al menos 1,5 millones de niños son perjudicados. La contraparte dice que el número de quienes acatan la paralización es mayor a lo que afirman las autoridades.

Kuczynski se dice dispuesto a dialogar, pero no está claro quienes serían sus interlocutores. Cada sector muestra a sus propios líderes y Velásquez perdió representatividad.

El Gobierno ofrece que a partir de diciembre los salarios no serán de menos de 2.000 soles (615 dólares) por mes, lo que en algunos casos significa aumentos de hasta un cien por ciento. Los sindicalistas, empero, piden ahora 4.000 soles, cifra imposible según el Ejecutivo.

Además, el Gobierno promete subir el presupuesto del sector del cuatro por ciento actual del producto interior bruto (PIB) a un seis por ciento, pero la contraparte pide un 10 por ciento, estabilidad laboral, respeto a la educación gratuita y eliminación de las pruebas de evaluación de maestros.

"Se necesita conversar y el liderazgo lo debe tener el Ministerio de Educación. Hay que soldar las fracturas entre la sociedad y el magisterio", aconseja Cuenca.

Ni el Movadef ni Proseguir tienen armas, pero el fortalecimiento de la ultraizquierda asusta en un país que se vio bañado en sangre entre 1980 y 2000. Empero, a otros les asusta que ese temor conduzca a la criminalización de las luchas de las clases populares.