Esta retirada es una de las exigencias de decenas de diputados que habían presentado su dimisión tras el desmantelamiento del campamento en Ramadi, cabecera de la provincia de Al Anbar (oeste). El cierre del campamento ha provocado enfrentamientos entre soldados y hombres armados que han dejado una quincena de muertos en 24 horas.

Éste fue instalado un año atrás por sunitas opuestos a Maliki, de origen chiita. Una quincena de personas han muerto desde el lunes.

Este martes se registraron nuevos choques con resultado de cuatro muertos en Ramadi, tras la clausura del enclave, el más importante de la colectividad sunita, según fuentes médicas y policiales. Las autoridades afirman que el campamento estaba infiltrado por elementos de Al Qaida, que huyeron el lunes tras su desmantelamiento.

La policía se abocó a destruir las tiendas el lunes, sin que hubiera efusión de sangre durante las tareas.

Pero, esto luego provocó la reacción de hombres armados, tras lo que se registraron diez muertos.

Estos grupos armados están integrados por elementos hostiles al gobierno de Maliki, miembros de tribus locales que rechazaban la destrucción del campamento, y partidarios de un diputado sunita, Ahmed al Alwani, detenido el sábado pasado, según el corresponsal de la AFP en Ramadi y fuentes policiales.

Según un comunicado publicado en su página en internet, Maliki llamó "a las fuerzas armadas a consagrarse a la persecución de Al Qaida en el desierto de Al Anbar" y a reinstalar "la administración en las ciudades y a la policía local y federal".

El 22 de diciembre, el primer ministro calificó al campamento de "cuartel general de Al Qaida", y llamó a los contestatarios a retirarse "en un breve plazo".

El cierre del campamento representa una relativa victoria para Maliki, aunque corre el riesgo de atizar la cólera de la minoría sunita del país. Ésta se considera discriminada y denuncia una campaña de "represión" por parte del gobierno y de la mayoría chiita.

Esta retirada del ejército de las ciudades de la región era una de las exigencias de los 44 diputados que presentaron su renuncia el lunes de noche, tras el desmatelamiento del campamento.

En abril pasado, un operativo similar contra otro campamento de sunitas en Hawijah (norte) provocó un enfrentamiento con decenas de muertos, y provocó una oleada de ataques en represalia.

El movimiento de protesta sunita comenzó a fines de diciembre de 2012, como consecuencia de la detención de los guardaespaldas de un influyente político de este origen, Rafeh al Issawi, entonces ministro de Finanzas.

Si bien el gobierno hizo algunas concesiones, como la liberación de detenidos o el aumento de los salarios a los milicianos sunitas opuestos a Al Qaida, no ha respondido a lo esencial del problema, o sea, la discriminación de la que se sienten víctimas los sunitas, y los brotes de represión, según los expertos.

Desde el comienzo de 2013, más de 6.750 personas murieron a causa de la violencia en Irak, de acuerdo a un balance establecido por la AFP y por fuentes médicas y de seguridad.