"Hay un intento de silenciar la justa demanda que están llevando los presos mapuches. Al Estado no le conviene que se sepa en el mundo que en Chile se violan los derechos humanos, y una muestra es mantener presos a más de 50 peñis (hermanos, en lengua mapudungun) bajo la ley antiterrorista", dijo a la prensa el líder mapuche Jorge Huanchullan.
Del total de indígenas presos en los últimos tres años, 31 cumplen una huelga de hambre en la que sólo consumen líquidos. Once de ellos iniciaron la protesta hace un mes, y los restantes 20 se fueron sumando en forma paulatina.
Los aborígenes demandan la eliminación de la Ley Antiterrorista que data de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), y la cual permite el encarcelamiento de sospechosos mientras son juzgados sin un límite de tiempo.
Los mapuche han caído presos acusados de participar en atentados contra autoridades, ataques incendiarios y bloqueo de carreteras. En caso de ser hallados culpables, dicha norma permite triplicar la condena que reciban.
"En cualquier momento se van a presentar situaciones de gravedad y el Estado no quiere reconocer que los hermanos mapuches estamos en pie firme", añadió Huenchullan, werken (vocero) de la comunidad de Temucuicui.
Familiares de los presos se reunieron este jueves con el presidente de la Corte Suprema, Milton Juica, para darle a conocer la situación de los presos. El miércoles, en tanto, tuvieron un encuentro con miembros de las comisiones de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y del Senado de Chile.
La etnia mapuche exige la devolución de las tierras de sus ancestros ubicadas en el sur de Chile, principalmente en la región de La Araucanía (650 km al sur de Santiago), que hoy están en manos privadas, lo que ha motivado masivas y violentas protestas en los últimos años.
La Fiscalía chilena informó hace una semana que investiga posibles vínculos entre una facción radical de activistas mapuche y la guerrilla colombiana de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).